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Misuri encabeza grupo de 17 estados que apoyan la demanda electoral de Texas en la Corte Suprema

“La integridad de nuestras elecciones es de importancia crítica para mantener nuestra república, tanto hoy como en futuras elecciones”, exclamó el fiscal general de Missouri Eric Schmitt en una declaración.

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Todo se encontraba excesivamente cuesta arriba para los esfuerzos legales del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Pero apareció lo que, al parecer, será una última bala que representa un atisbo de esperanza para su campaña: la demanda presentada por el fiscal general de Texas en la Corte Suprema de EE. UU. ha sido apoyada, por escrito, por un grupo de 17 estados encabezados por Misuri.

Lo que estos 17 estados respaldan, y dejaron estipulado en el escrito presentado el miércoles por la tarde ante la Corte Suprema, es el pedido en la demanda de Texas dirigido a retrasar el nombramiento de los electores presidenciales de Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Lo que Texas argumenta, y que ahora estos 17 estados apoyan, es que los estados demandados actuaron de manera inconstitucional cuando sus poderes —judicial o ejecutivo— cambiaron las reglas de juego electorales.

La demanda de Texas arguye que solamente las legislaturas estatales pueden establecer leyes sobre la forma en que los estados designan a sus electores presidenciales.

17 estados piden “permiso” para intervenir en el conflicto

Tal y como reseñó Fox News, «el escrito presentado por Misuri y los otros estados, que es oficialmente una moción de permiso para presentar una demanda, también advierte que los cambios promulgados por los ejecutivos estatales y los poderes judiciales abrieron las elecciones de los estados a un posible fraude». 

Tuit del fiscal general de Misuri, el principal promotor del grupo de 17 estados que apoya a Texas: “La integridad electoral es fundamental para nuestra república. Y lo defenderé a cada paso. Como lo he hecho en otros casos, ayudaré a liderar el esfuerzo en apoyo de Texas (…) Misuri está en la pelea”.

El comunicado del fiscal general de Texas argumentó que «Los cuatro estados explotaron la pandemia de Covid-19 para justificar el ignorar las leyes electorales federales y estatales y promulgar ilegalmente cambios de última hora, sesgando así los resultados de las elecciones generales de 2020. Los estados disputados inundaron a su población con solicitudes y boletas electorales ilegales mientras ignoraban los requisitos estatutarios sobre cómo se recibían, evaluaban y contaban».

No solamente los 17 estados pidieron este “permiso” para demandar. El equipo legal de Trump también manifestó su apoyo a los esfuerzos impulsados desde Texas.

«La suspensión ilegal o la violación de la ley estatal pone directamente en duda la certificación de los resultados de las elecciones en los estados demandados para el vicepresidente Joe Biden, el demandante propuesto en la intervención del oponente en la elección», dijo el escrito de la campaña republicana. «El interés del presidente Trump en el resultado de este litigio no podría, por tanto, ser más agudo».

En ese sentido, es importante puntualizar que los estados demandados —Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin— tienen hasta las 3:00 PM del jueves para responder ante la Corte Suprema.

Ayer, justo después de que el fiscal general texano emitiera una declaración, los fiscales generales —o sus portavoces— de los estados demandados manifestaron su disgusto contra la demanda presentada ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Por ejemplo, el portavoz del fiscal georgiano mencionó que «Con el debido respeto, el fiscal general de Texas está constitucional, legal y fácticamente equivocado con respecto a Georgia».

Los homólogos de Ken Paxton —el fiscal de Texas— fueron más tajantes y duros con la demanda:

«La moción presentada por el fiscal general de Texas es un truco publicitario, no un alegato legal serio (…) Las acciones del Sr. Paxton están por debajo de la dignidad de la oficina del fiscal general y de la gente del gran estado de Texas».

Palabras de la fiscal general de Michigan, Dana Nessel.

De todas formas, a quien corresponde determinar eso es a la Corte Suprema de los EE.UU. Su decisión puede ser la estocada final para los esfuerzos legales del presidente, que no han prosperado en los tribunales inferiores.

Las palabras del fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, también son importantes de destacar:

«La integridad de nuestras elecciones es de importancia crítica para mantener nuestra república, tanto hoy como en futuras elecciones (…) Lo que está en juego es la protección de nuestra Constitución, la defensa de nuestra libertad y la garantía de que todos los votos se cuenten de forma justa no podría ser más alto. Con este escrito, nos unimos a la lucha».

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