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Biden se aferra a una agenda de altos impuestos, gasto desmesurado y regulación aplastante que ahoga la economía de los Estados Unidos, debilitando a Washington ante Beijing. Lo dejó claro en el presupuesto para 2023. Sumando eso a la política de dinero barato y más emisión que ha sostenido la FED obtenemos la peor inflación en 40 años. Todo en medio de los efectos de los ineficaces y costosos confinamientos: principalmente la peligrosa descoordinación de la estructura dinámica del capital mal llamada “crisis de la cadena de suministro”.
La Casa Blanca pretende solucionar males causados por el exceso de gasto gubernamental, sobre-regulación, subsidios discrecionales, elevados impuestos y creciente inflación, con más gasto, más regulación, más altos impuestos, más subsidios discrecionales y más inflación.
En una crisis energética Biden sostiene las regulaciones que destruyeron la independencia energética de los Estados Unidos. Detiene la producción interna de petróleo y gas mientras despilfarra miles de millones de dólares de los contribuyentes en subsidiar la producción de energía eólica y solar arriesgando la confiabilidad de la red eléctrica.
Como explicó la periodista y analista política Diane Katz en el Washington Times la agenda regulatoria de Biden en este año:
“…incluye 2.678 acciones ‘activas’, lo que supera en un 35% (…) la agenda del segundo año de la administración Trump. Unas 200 de las reglamentaciones están designadas como ‘económicamente significativas’ que son el tipo de regulaciones que ocasionarían “un efecto anual en la economía de 100 millones de dólares o más”.
También señaló acertadamente Katz que de las 450 agencias regulatorias federales ninguna hace seguimiento a los costos de sus regulaciones y que cálculos independientes coinciden en que esos costos regulatorios para el sector privado superan los $2 mil millones de dólares; que únicamente para cumplir trámites burocráticos las empresas emplean no menos de 10 mil 600 millones de horas por año y que la regulación les cuesta ahora a los contribuyentes casi $80 mil millones de dólares anuales, frente a $25 mil millones de dólares que les costaba en el año 2000. Agregaré que justamente por eso fue un eficiente y veloz estimulo a la inversión la desregulación del expresidente Donald Trump, que recuperó inversiones y empleos industriales perdidos por la previa sobre-regulación que ahora Biden retoma e incrementa exponencialmente
Pero la Casa Blanca sí pretende eliminar las restricciones a los fiduciarios de planes de pensiones de empleados que les impidan sacrificar los rendimientos de esas inversiones por objetivos de política social, sacrificando esas pensiones en el altar de la ideología woke.
El Código de Regulaciones Federales ha aumentado en volumen un 35% desde el 2000 y ya alcanza las 185 mil 984 páginas. La administración Biden ha derogado velozmente todas las restricciones reglamentarias instituidas por la administración Trump. Entre las 44 órdenes ejecutivas de Trump revocadas apresuradamente por Biden destaca la que incluía una directiva para eliminar al menos dos regulaciones anteriores por cada nueva regulación emitida.
Como indicaban el 23 de marzo, el presidente de la Heritage Fundation Kevin Roberts y el Senador (R-KY) Rand Paul el camino correcto sería el contrario porque objetivos como reducir el costo de crear nuevos empleos, formar empresas e incluso formar nuevas familias se alcanzarían reduciendo la carga fiscal y eliminando regulaciones destructivas, mientras que el gran objetivo de reducir los precios al consumidor se alcanzaría:
“derogando políticas de compinches como la guerra contra los combustibles fósiles domésticos, los subsidios a los vehículos eléctricos, el programa federal de subsidios al azúcar, los obsequios a los grandes jefes laborales a través de la Ley Davis-Bacon, las onerosas regulaciones de envío y los impuestos a las importaciones.”
Por lo que concluían Roberts y Paul que para bajar la inflación también sería necesario impedir que el gasto deficitario recurrente de programas como “Build Back Better” se financie “imprimiendo dinero”.
Creo que una corrección de ese alcance es ya un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos y de supervivencia para el mundo libre, porque entre las consecuencias del diluvio regulatorio de Biden destacan las geopolíticas, que se resumen en que sin una economía fuerte, flexible e innovadora Washington no podrá enfrentar a Beijing para contener su creciente influencia geopolítica.
Por ahora los demócratas insisten en elevar los costos de la energía, suprimir el empleo con pagos de asistencia clientelares y ahogar la competitividad bajo un diluvio regulatorio que incluye sospechosos subsidios a grandes corporaciones seleccionadas a dedo por los reguladores.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros