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Por Mateo Haydar*
Cuando el exterrorista marxista Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales de Colombia en junio, Estados Unidos perdió a su aliado militar más importante en América Latina.
A finales del mes pasado, Petro abrió sus más de 2000 kilómetros de frontera con el régimen narcoterrorista de Venezuela, una frontera que se cerró en 2019 cuando Colombia se unió a Estados Unidos y a casi 60 países más en la ruptura de lazos diplomáticos con el dictador venezolano Nicolás Maduro tras las fraudulentas elecciones de 2018.
El nuevo presidente de Colombia ha cambiado radicalmente la política exterior del país andino en cuestión de semanas.
Los responsables políticos estadounidenses deberían estar alarmados por al menos cuatro razones.
Primero, hay que mirar a Venezuela. En la reapertura de la frontera del 26 de septiembre, no fue el propio Maduro quien saludó a Petro, sino su ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayan. Velásquez fue anteriormente presidente de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana sancionada por EE.UU. y con antiguos vínculos con Teherán.
Conviasa es propietaria del avión de carga iraní vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que fue incautado en Argentina el pasado mes de junio. La semana pasada, las autoridades estadounidenses impidieron que Conviasa reanudara sus vuelos regulares a Bogotá, la capital de Colombia, aunque no hicieron lo mismo en otros países. Pero el régimen de Maduro se limitó a enviar otra aerolínea vinculada al Estado en su lugar.
En la frontera entre Colombia y Venezuela, Petro también fue recibido por Freddy Bernal, el gobernador del vecino estado de Táchira, otro venezolano sujeto a sanciones estadounidenses por facilitar la venta de armas a las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC. Bernal ha admitido que las refinerías de petróleo de su estado fronterizo acogen a “asesores” chinos e iraníes.
Al asumir el cargo el 7 de agosto, Petro envió a un confidente de alto nivel como embajador en Caracas, la capital de Venezuela. Su ministro de Defensa ha reanudado la cooperación con el ejército venezolano, que recientemente ha acogido juegos de guerra patrocinados por Rusia y China.
Petro también cedió a Maduro el control del gigante venezolano de fertilizantes con sede en Colombia, Monomeros. Con la frontera abierta, Colombia está ahora disponible para hacer negocios con Venezuela y sus cadenas de suministro criminales internacionales vinculadas a China, Rusia e Irán.
En segundo lugar, el ecologismo de Petro suscita preocupaciones similares. En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro pidió de manera flagrante a Estados Unidos y a otros países que apoyaran un canje de “deuda por naturaleza” que cambiara los casi 200.000 millones de dólares de deuda externa de Colombia por “acción climática”. También declaró que el petróleo y el carbono eran más peligrosos que la cocaína.
Pero la retórica tiene implicaciones políticas. Al igual que la hipocresía energética de la administración Biden, Petro planea detener la exploración nacional de petróleo y gas natural, la perforación no convencional y la minería de superficie, sectores que le reportan a Colombia importantes ingresos. Mientras tanto, su ministro de Medio Ambiente ha abierto la puerta a la compra de gas a la Venezuela de Maduro. El gobierno de Biden probablemente estará de acuerdo.
Todo esto probablemente ampliará las exportaciones de petróleo de Maduro y aumentará las operaciones de perforación y minería en manos de actores transnacionales ilícitos, que ya superan las 158.000 hectáreas.
La agenda medioambiental radical de Petro (y del presidente Joe Biden) también podría justificar los llamamientos para socavar el exitoso Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, firmado en 2006.
En tercer lugar, Petro prometió redoblar el eterno sueño de la izquierda latinoamericana de la integración regional (a través de Caracas y La Habana). Esto no es una oda al libre comercio, sino a la burocracia supraestatal diseñada para “equilibrar” la balanza política contra Estados Unidos.
En cuarto lugar, en el centro de la política exterior de Petro están sus esfuerzos por ofrecer un “acuerdo de paz” a los dos principales socios de los cárteles de la droga mexicanos. Son la guerrilla marxista Ejército de Liberación Nacional, o ELN, y el Clan del Golfo, uno de los mayores distribuidores de cocaína del mundo y un operador clave de la migración organizada e ilegal hacia Estados Unidos.
Estos esfuerzos son una ramificación de un acuerdo previamente defectuoso con los terroristas de las FARC, que dio lugar a una amnistía de facto y al establecimiento de 10 escaños permanentes en el Congreso de Colombia. También dio lugar a una cosecha récord de cocaína. Si al ELN y al Clan del Golfo se les ofrece un acuerdo similar, el poder legislativo de Colombia podría quedar permanentemente en manos de la izquierda criminal.
La paz de Petro también incluye la intervención de la policía nacional y el ejército de Colombia, entrenados por Estados Unidos, asignándoles funciones de “servicio social” y depurando a los oficiales superiores.
Desde el año 2000, Estados Unidos ha proporcionado a Colombia más de 12.000 millones de dólares en ayuda bilateral. Hasta ahora, la administración Biden ha optado por centrarse en encontrar “puntos en común” con la agenda de paz y clima de Petro.
La pregunta para el próximo Congreso de Estados Unidos es si la asistencia continuada a Colombia combatiría el tráfico de drogas ilícitas y los actores ilícitos transnacionales o si potencialmente los habilitaría.
*Mateo es asistente de investigación para América Latina en el Centro Allison de Estudios de Política Exterior de The Heritage Foundation.
Este artículo forma parte de un acuerdo entre El American y The Heritage Foundation.
