Desde que Joe Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos ciertas acciones de su administración han logrado beneficiar a Nicolás Maduro y a sus aliados convirtiéndose en una especie de “guiño” a la tiranía.
Aunque el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro no ha avanzado, Biden decidió levantar ciertas sanciones y ahora salen a la luz nuevas revelaciones que demuestran cómo la tiranía de Venezuela empieza a beneficiarse una vez más sin verse obligada a dar algo a cambio.
Más petróleo, más dinero para Maduro
En mayo se conoció que el Gobierno Biden autorizó a la compañía petrolera americana Chevron a iniciar negociaciones con la estatal venezolana PDVSA para las posibles actividades futuras en ese país.
En junio, Chevron obtuvo una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le permite «transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de los activos en Venezuela», incluidas aquellas para garantizar la protección del personal y la integridad de las operaciones, la participación en juntas de accionistas y pagos de facturas de terceros, impuestos locales, servicios públicos y salarios. Además, consiguió la autorización del Departamento de Estado para que el presidente de las operaciones de Chevron en el territorio nacional, Javier La Rosa, y el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissami, evaluaran el mecanismo más idóneo para que Chevron pudiese hacerse a cargo de la producción, envío y venta del crudo venezolano.
Esas negociaciones ahora habrían derivado en un acuerdo en el que la petrolera tendría que darle por esas operaciones futuras dinero adelantado a Maduro.
Según el diario local El Nacional, Chevron asumirá el control de la producción y exportación de sus empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela: Petroboscán, Petropiar, Petroindependiente y Petroindependencia, pero “le pagará a Pdvsa al menos 50 % por adelantado del importe de las exportaciones”.
Todo esto se traduce en que Estados Unidos permitió que Chevron negocie con El Aissami, uno de los hombres más buscados por el FBI y quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero, narcotráfico y hasta por sus vínculos con el terrorismo internacional.
Luz verde para cómplices de Maduro
Además del levantamiento de sanciones, y de que ahora para continuar con operaciones Chevron deberá pagar dinero por adelantado, también se conoció que el Departamento del Tesoro decidió ser blando con uno de los cómplices de la tiranía sobre el que también pesaban sanciones. Tal es el caso del empresario venezolano Raúl Gorrín.
En 2020 el Tesoro sancionó a Raúl Antonio Gorrín Belisario, dueño de la cadena televisiva Globovisión, por haber sobornado a la Oficina Venezolana del Tesoro Nacional para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas en Venezuela.
Gorrín enfrenta en Estados Unidos nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. Es considerado prófugo por la justicia americana y desde noviembre de 2019 forma parte de la lista de los más buscados por corrupción. Pese a esto, logró recuperar su lujoso departamento en New York a cambio de pagar su deuda.
El empresario recibió una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para pagar los 650,000 dólares que debe a la junta directiva del edificio donde tiene un lujoso apartamento en la ciudad de New York.
No solo Gorrín se vio beneficiado por la administración Biden, sino que bajo el alegato de continuar con un diálogo que no avanza, el Departamento del Tesoro eliminó de su lista de sancionados a Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.
Malpica Flores, quien fue tesorero de la Nación (2013-2016) y vicepresidente y director interno de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2014 y 2016, fue sancionado por Estados Unidos en julio de 2017 por su antigua relación con PDVSA, una entidad que, según explicó el Tesoro en aquel entonces, estaba “fuertemente asociada” con “la corrupción del Gobierno venezolano”.
Su retirada de la lista de sancionados se produce después de las conversaciones celebradas en marzo en Caracas entre funcionarios del Gobierno americano y el venezolano. Sin embargo, aún la tiranía de Maduro no se ha visto obligada a ceder: continúa en el poder, sigue persiguiendo a la disidencia y no se compromete a celebrar elecciones libres y democráticas en Venezuela.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo