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Al menos 45 funcionarios federales se confabularon con las Big Tech para censurar la libre expresión de los usuarios bajo la excusa de la “desinformación” durante la pandemia, incluyendo altos cargos de la administración Biden, según reportes.
Los fiscales generales de Misuri, Eric Schmitt, y Louisiana, Jeff Landry, introdujeron una solicitud conjunta a la Corte de Distrito de Louisiana para obligar al Departamento de Justicia (DOJ) a rendir cuentas sobre las comunicaciones entre ejecutivos de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el FBI y otras agencias federales, y las Big Tech.
🚨In May, Missouri and Louisiana filed a landmark lawsuit against top ranking Biden Admin. officials for colluding with social media companies to censor free speech. We have already received documents that show their cozy relationship, and now we’re demanding more.🚨
— Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) September 1, 2022
Según un comunicado emitido por Schmitt y Landry, el DOJ ya ha entregado comunicaciones entre múltiples agencias federales y las Big Tech, pero hasta el momento se ha negado a proveer información sobre el rol de los más altos cargos del Gobierno federal en el esquema de censura.
Schmitt indicó que, en mayo, Misuri y Louisiana introdujeron una demanda con el propósito de “exponer cómo los altos funcionarios de la administración Biden supuestamente se confabularon con las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión” en diversos temas, iniciando con la excusa del COVID-19.
Un complot de censura a gran escala
De acuerdo con los documentos a los que Schmitt y Landry ya han tenido acceso, “el Gobierno federal tiene una relación incestuosa con las empresas de redes sociales y claramente se coordina para censurar la libertad de expresión”. Mientras tanto, “oculto tras el privilegio ejecutivo”, el DOJ pretende encubrir a los miembros del Gobierno Biden involucrados.
Los fiscales denuncian una “empresa de censura” que incluye decenas de funcionarios en una multitud de agencias federales. Entre ellas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y la oficina del Cirujano General de Estados Unidos.
No obstante, los fiscales tienen motivos para sospechar que otras agencias federales, como la Oficina del Censo y los departamentos de Estado y del Tesoro, también habrían participado en un gigantesco esquema de censura a los americanos.
En respuesta a las demandas de ambos estados, Meta (la compañía detrás de Facebook e Instagram) ha revelado que al menos 32 funcionarios federales, incluidos altos funcionarios de la FDA, la Comisión de Asistencia Electoral y la Casa Blanca, se comunicaron con sus ejecutivos para dar indicaciones sobre moderación de contenido en sus plataformas.
Lo mismo ocurrió por parte de YouTube, que mantuvo comunicaciones con la Oficina del Censo y la Casa Blanca.
La “empresa de censura” descubierta por los fiscales generales de Misuri y Louisiana, según el comunicado, “llega a los niveles más altos del Gobierno de Estados Unidos, incluidos numerosos funcionarios de la Casa Blanca” y ha sido probada por la documentación provista por el DOJ.
El documento hace públicas algunas de las comunicaciones entre los ejecutivos de las Big Tech y múltiples agencias federales. En una de esas instancias, un empleado de Facebook se comunica vía correo electrónico con el cirujano general, indicando: “Sé que nuestros equipos se reunieron hoy para comprender mejor el alcance de lo que la Casa Blanca espera de nosotros sobre la desinformación en el futuro”.
El mismo funcionario de Facebook se comunicó con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre una reunión entre ambos y explicó cómo la plataforma tomaría más pasos para censurar la libre expresión.
La plataforma de Mark Zuckerberg también mantuvo constante comunicación con los CDC a la espera de información que indicara medios o formas de censura a temas relativos a la pandemia del COVID-19.
Funcionarios de la Casa Blanca incluso se comunicaron con Facebook y coordinaron la censura de algunas cuentas dedicadas a hacer parodias del doctor Anthony Fauci.
Lo mismo ocurrió con Twitter, que mantuvo comunicación con la Casa Blanca y con los CDC para coordinar los planes de acción para censurar la “desinformación sobre las vacunas”.
Schmitt asegura que Misuri y Louisiana continuarán dando la batalla legal a la administración Biden y a las agencias federales hasta que cada detalle del complot de censura salga a la luz.
Tomás Lugo, journalist and writer. Born in Venezuela and graduated in Social Communication. Has written for international media outlets. Currently living in Colombia // Tomás Lugo, periodista y articulista. Nacido en Venezuela y graduado en Comunicación Social. Ha escrito para medios internacionales. Actualmente reside en Colombia.