El Gobierno de Estados Unidos interpuso este lunes ante la Corte Suprema un documento de 57 páginas en el que exhortó a la máxima autoridad a revertir un fallo emitido en el año 2020 donde se confirmaba que cualquier persona de Puerto Rico podía solicitar las prestaciones del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).
Según citaba la decisión emitida por una Corte de Apelaciones, cualquier persona del territorio americano de Puerto Rico es apta para solicitar las prestaciones suplementarias con las que se brinda ayuda a ciegos, ancianos y discapacitados con problemas financieros.
Pero ahora el Departamento de Justicia asegura que el Congreso es dueño de la autoridad para retener prestaciones del Ingreso Suplementario de Seguridad a los americanos, aún cuando este lunes el presidente Joe Biden publicó un comunicado donde pedía al mismo Congreso que permitiera extender el beneficio a los habitantes de Puerto Rico.
“Es al Congreso al que la Constitución le ha confiado el poder para gobernar territorios y para gastar dinero para el bienestar general”, dice el documento.
La polémica se fundamenta en el caso de José Luis Vaello Madero, un americano residente en Nueva York desde 1985 que en 2013 se mudó a Puerto Rico para cuidar a su esposa. Mientras seguía recibiendo el beneficio, tres años más tarde, en 2016, le dijeron que no cumplía con los requisitos. En 2017, recibió una demanda civil por parte de la Administración del Seguro Social, quienes esperaban el retorno de más de $28,000 que había recibido tras mudarse a la Isla.
Originalmente, la política de prestaciones del Ingreso Suplementario de Seguridad está disponible para cualquier americano que viva en los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas, a excepción de los que hacen vida en Puerto Rico, Samoa Americana, Guan e Islas Vírgenes.
