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Por Simon Hankinson*
La administración Biden ha impuesto un dogma sin precedentes a los empleados federales, desde la Fuerza Delta hasta el Departamento de Transporte. Solo pueden negarse a costa de sus carreras. Esto debe terminar.
Además de desear servir al público, los funcionarios uniformados y civiles desean ascender y ser reconocidos. Eso suele implicar intentar complacer a sus dirigentes. Aunque las instituciones aboguen por decir la verdad al poder, todo el mundo en ellas sabe que lo haces al precio potencial del ascenso. Por eso, héroes heterodoxos como el verdadero general George Patton o el ficticio Pete “Maverick” Mitchell de Top Gun no suelen llegar a lo más alto. También por eso el secretario de Defensa Lloyd Austin parece creer que en el Ejército abunda el extremismo, a pesar de un exhaustivo informe que concluía que “la actividad extremista dentro del Departamento de Defensa es rara”.
El brusco giro a la izquierda de las fuerzas armadas y las agencias federales americanas hacia la ideología woke bajo la Presidencia Biden ha desviado la limitada capacidad de formación sin pruebas de beneficio. Incluso el Mando de Operaciones Especiales tiene ahora un Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión que afirma que “la diversidad y la inclusión son imperativos operativos”. ¿En serio? ¿Tanto como disparar recto y ser duro como una roca? Díselo a los marines… no, espera, ellos también están escribiendo uno.
Seamos francos: como escribe el general de Brigada retirado del Ejército Ernie Audino, “la diversidad no es un imperativo de seguridad nacional“, sino un objetivo sociopolítico. Afirmaciones como “la desigualdad sistémica es una amenaza para la seguridad nacional” (del Plan Estratégico del Departamento de Estado) o “es un imperativo crítico para la seguridad nacional alcanzar la diversidad en el cuerpo de oficiales” (procuradora general Elizabeth Prelogar) son aspiraciones retóricas, afirmadas sin pruebas. Los Ejércitos de China o Ucrania no son más débiles por su falta de diversidad. La formación y la moral son mucho más importantes, y por eso Ucrania lo está haciendo tan bien frente a una Rusia mucho más grande.
Un nuevo informe, “Woke Warfighters“, del senador Marco Rubio (republicano de Florida) y el diputado Chip Roy (republicano de Texas), señala que “obligar a nuestros militares a participar en cursos de DEI [Diversidad, Equidad e Inclusión] fomenta el apoyo y la promoción de personas con criterios distintos de la competencia y la capacidad para llevar a cabo una misión”. Lo mismo puede decirse de los organismos civiles.
Con su nuevo director de diversidad, el Departamento de Estado se ha volcado de lleno en la DEI. Para ascender, los funcionarios del Servicio Exterior deben demostrar que “promueven” los principios de la DEI, aunque muchos de ellos no tengan margen de actuación individual. Un analista de China en la Oficina de Inteligencia e Investigación, o un funcionario económico subalterno en la Embajada de Islamabad, que no supervisan a nadie, tendrán que inventar algo para marcar esta casilla.
Mientras tanto, el Departamento ha lanzado recientemente un “Desafío interinstitucional de 10 días para la búsqueda de la equidad en la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad (DEIA)” para “educar a los empleados sobre “cuatro grupos culturales”: “mujeres, minorías, personas con discapacidad y LGBTQIA+” (¿se da cuenta del único grupo que queda fuera?).
El programa pide a todos los miembros del personal que lean o vean un vídeo y luego reflexionen sobre él “para inspirar… a los empleados a promover la diversidad, la equidad, la inclusión y los principios de accesibilidad”. Casi la mitad de la plantilla nacional del Departamento participó el año pasado, y probablemente más lo harán este año. ¿Por qué? No porque la agencia sea un hervidero de intolerancia o ignorancia sobre la DEI, sino porque se sienten obligados a participar en este ejercicio “voluntario” para mostrar su lealtad y tener algo que poner en su evaluación anual.
Un alto funcionario del Servicio Exterior que conozco añadió “he/him” a su firma de correo electrónico, no por la duda de que alguien pudiera suponer erróneamente su sexo, sino porque está buscando su próximo destino y cree que no tener esta firma performativa le perjudicará en sus posibilidades.
Para estandarizar las entrevistas de trabajo en aras de la equidad, los responsables de contratación del Estado están ahora obligados a hacer a cada candidato las mismas preguntas estándar. Una de ellas es algo así como “¿Cuál es su opinión sobre la DEI?”, seguida de “¿Qué ha hecho para promover la DEI en el lugar de trabajo?”. Cualquier respuesta que intente matizar, y mucho menos cuestionar la controvertida ideología que subyace a la DEI, será una descalificación automática en una entrevista. Al menos, esa es la impresión que tienen muchos funcionarios del Estado, y no se equivocan.
El Instituto del Servicio Exterior ofrece ahora un curso llamado “Promover la igualdad de género para avanzar en la política exterior”. Hace cinco años, “igualdad de género” habría significado igualdad de oportunidades y de trato legal para hombres y mujeres. Hoy, el tema es un caballo de Troya cargado de palabras clave y agendas como la de imponer a los pueblos extranjeros el radical Plan de Acción de Equidad del Estado como precio de nuestra amistad.
Muchos empleados del Departamento de Estado tomarán el curso de Promoción de la Igualdad de Género y el “Desafío DEIA” como gestos performativos para complacer a sus superiores y compañeros. Actuarán como solía hacerlo la gente en la Unión Soviética ante los comisarios políticos de su entorno; con cuidado, haciendo todo lo posible por evitar expresar una opinión que pudiera entrar en su expediente.
Como escriben Rubio y Roy, al igual que nuestro Ejército, nuestras agencias federales —incluido el Departamento de Estadov no deben “convertirse en un experimento social de izquierdas” en el camino hacia la conformidad socialista. El rendimiento y el mérito deben ser los criterios para la contratación y el ascenso en el servicio público.
*Simon es investigador principal del Centro de Seguridad Fronteriza e Inmigración de The Heritage Foundation.
Este artículo forma parte de un acuerdo entre El American y The Heritage Foundation.
