Un grupo de privados interpuso una demanda al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y a su secretario de Salud, Carlos Mellado, en el Tribunal Federal alegando que sufren daños tras el requerimiento de la certificación de la vacunación contra el Covid-19 al sector.
La compañía de helados Tropical Chill; una empleada de una farmacia en el municipio Manatí, Alexandra Irizarry; una propietaria de Hillside Cabin, en Mayagüez, Yasmín Vega; y un empleado de almacén de un supermercado en San Germán, René Matos, solicitan al juez federal Raúl Arias Marxuach que declare inconstitucional el mandato sobre la vacunación, reseñó El Vocero.
Justifican la demanda al gobernador y el secretario de Salud en que se les viola el derecho a su integridad física, a la toma de decisiones médicas y a su privacidad. Además de que se viola su libertad económica y derechos propietarios. Es costoso hacerse la prueba semanalmente y eso afecta sus finanzas.
“Vega objeta tener que verificar el estatus de vacunación de los huéspedes que nunca conoce en persona. Requerirles a sus huéspedes que presenten evidencia de vacunación o una prueba es una precondición sin base racional para quedarse en su Airbnb”, reza el recurso legal radicado por los abogados José Dávila Acevedo, Ilya Shapiro y Arturo Bauermeister, citado por el medio.
Por otra parte, los representantes de la heladería alegaron que la alternativa de reducir el aforo al 50 % de la capacidad para trabajar limita el volumen de ventas.
Compararon las ventas del 16 al 18 de agosto con las del 23 al 26 de agosto, estas se han reducido en 23 % en el local del municipio Dorado y 6 % en la tienda de Guaynabo.
La primera demanda al gobernador de Puerto Rico por “arbitrario”
Empleados de carrera del Gobierno de Puerto Rico interpusieron el 16 de agosto una demanda al gobernador Pedro Pierluisi, en el Tribunal Federal por ordenar la vacunación obligatoria contra el coronavirus.
Alegaron que es una violación a sus derechos constitucionales. Por ello, solicitaron que se declare inconstitucional y nulo hasta que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), proporcione la aprobación completa de la vacuna.
Proponen en la demanda al gobernador ante el Tribunal Federal que cada agencia pública permita a las personas que no quieren vacunarse trabajar de forma remota, sin necesidad de presentar una declaración jurada o certificado médico.
Asimismo, exigieron que se obligue al Gobierno a proporcionar las pruebas de Covid-19 requeridas en cada uno de los lugares de trabajo.
“El Gobierno de Puerto Rico está siendo arbitrario y caprichoso al coaccionar y engañar a sus empleados públicos para que se vacunen sin tener en cuenta su derecho fundamental a rechazar la vacuna en forma personal”, indica la demanda presentada por el abogado José Dávila Acevedo.
Los cinco demandantes expusieron ante el Tribunal Federal que la Orden Ejecutiva viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que defiende “el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y no se expedirán a ese fin órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil, que estén corroboradas por juramento o afirmación, y en las que se describa específicamente el lugar que deba registrarse y las personas o los objetos que han de aprehenderse”.
