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Colombia Plaza Bolívar

El secuestro de las instituciones judiciales por grupos de izquierda

La izquierda en algunas latitudes no ha logrado llegar al poder a través de las urnas, pero ha penetrado el poder a través de sus instituciones tutelares

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Una de las invenciones -espontáneas, por cierto- que más humana ha hecho a nuestra civilización es el sistema de Derecho. Si bien los pilares de la República echaron raíz en la Atenas de Pericles fue algunos cientos de años después, en Roma, cuando se empezó a esbozar la idea de que si dos ciudadanos con iguales derechos tenían un conflicto de interés relevante para la República, un tercero imparcial debía ser quien acabe con el diferendo. Se infirió además que la decisión tomada por el tercero debía ser oponible por la fuerza aplicada por quien ejercía el legítimo monopolio de la violencia: lo que hoy es el Estado.

En las últimas décadas, algunos países de América Latina -los que lograron escapar de las garras hambreadoras del socialismo del siglo XXI- han experimentado un crecimiento exponencial en sus capacidades productivas y por lo tanto en el tamaño de sus economías y en sus facultades de generación de riqueza. Lejos está la región evidentemente de haber alcanzado su máximo potencial, pero no se puede negar que países como el Perú, Colombia, Chile o Uruguay han experimentado crecimientos económicos con bríos y sostenidos en el tiempo. Este crecimiento no ha venido correctamente acompañado por otros.

Institucionalmente, América Latina sigue teniendo bemoles feudales que contrastan con tremenda fricción con lo mucho que nuestra economía ha crecido. Podría dedicarle una nota a cada una de las instituciones republicanas que no ha evolucionado al mismo ritmo que la economía; sin embargo, hay una que llama especialmente la atención de muchos -grupo en el que por supuesto me incluyo- y es la del sistema de justicia. Recurriendo a lo más esencial de Gramsci, la izquierda, en algunas latitudes, no ha logrado llegar al poder a través de las urnas. Así, ha penetrado el poder a través de sus instituciones tutelares.

Me detengo aquí específicamente en el caso de Colombia y del Perú. Ambos países han tenido, por décadas, a una izquierda democrática políticamente muy debilitada a los ojos de las mayorías, puesto que ambas naciones enfrentaron por décadas el flagelo terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA (en el caso peruano) y de las FARC y el ELN (en el caso colombiano). He usado el verbo enfrentado en tiempo pasado con un optimismo que quizás no sea realista: remanentes terroristas siguen amenazando la seguridad interna de los pueblos hermanos del Perú y de Colombia. Hay allí una unión casi umbilical.

El expresidente Uribe de Colombia -quizás uno de los mejores presidentes que la región haya tenido- y, fuera de lo anterior, enemigo uterino de la izquierda: logró -con el apoyo de otros presidentes- detener la expansión del chavismo y, a la vez, puso a las FARC entre la espada y la pared para que luego, y en contra de la voluntad del pueblo colombiano, su exministro de Defensa y próximo presidente -Juan Manuel Santos-, conceda un tratado de paz que, para muchos significó claudicar en una lucha contra una piara de asesinos y narcotraficantes inhumanos.

El problema sobre el que institucionalmente pretendo echar luz -y que la figura del presidente Uribe personifica con solvencia- es la de la politización de la justicia. Si bien señalé al comienzo que fue durante el apogeo de la Roma republicana que nació el Derecho, una serie de principios jurídicos han ido sumándose en el tiempo a los sistemas que hoy entendemos como Estados de Derecho. Uno de ellos -quizás uno de los más importantes- es la presunción de la inocencia. Éste en particular se ha visto pulverizado por sistemas de justicia politizados que han hecho mucho daño.

El caso con el que se pretende perseguir al presidente Uribe es complejo. Hace algún tiempo escribí un resumen que pueden leer aquí. No obstante, no son los detalles con los que quiero terminar de llamar la atención, sino la putrefacción de los valores esenciales de un proceso. Y como he dicho ya, el caso del presidente Uribe es quizás el ejemplo por antonomasia, pero no el único: en la Sudamérica de nuestros días basta una declaración para la solicitud (y aprobación) de medidas cautelares en contra de la libertad del imputado). Además, se ha invertido la carga de la prueba: uno tiene que probar su inocencia.

Esto último es un atentado no solo al Derecho sino a la propia lógica aristotélica: es imposible probar lo que no ha sucedido. Pues bien, bajo el yugo de esa izquierda que, camuflada se ha colado en los sistemas judiciales de varios países, es que políticos -de todo el espectro ideológico- han sido privados de su libertad hasta que logren probar su inocencia. Hoy esta práctica podrá parecernos un mero ejercicio cada vez más cotidiano; sin embargo, si no le ponemos coto las generaciones por venir pagarán el altísimo costo de haber transado la esencia republicana por el barato plato de lentejas de la venganza.

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