Al menos 1,235 enfermeros en Puerto Rico no han recibido aún el incentivo que el Gobierno de Wanda Vázquez prometió por su labor durante la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con el presidente de la comisión de Salud del Senado, Rubén Soto Rivera, investigarán sobre la prestación de servicios de salud en la Isla, tanto públicos como privados, incluyendo el tema de los incentivos.
Esto debido a que, como se dio a conocer en la vista pública de este miércoles en el Senado, el Gobierno no cuenta con los fondos necesarios para pagar ese estímulo que correspondía en $3,000 para quienes trabajaban en el sector privado y $4,000 para los trabajadores del sector público.
“A mí me da vergüenza haber tenido que radicar esta resolución para que se cumpla con los incentivos para este sector esencial de la salud”, manifestó Soto Rivera en la primera reunión de la comisión que se transmitió por Facebook Live.
Enfermeros en Puerto Rico sin respuesta
La cifra de al menos 1,235 enfermeros en Puerto Rico que, aunque graduados, no ha recibido el beneficio fue dada por la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, la doctora Ana Cristina García Cintrón.
García Cintrón contó que recibían sobre 50 llamadas diarias de enfermeras y enfermeros en puerto rico que no entendían por qué su incentivo no les llegaba.
“Yo lo que espero es que se le haga justicia a los enfermeros y enfermeras en este país. Hemos trabajado de manera intensa para poder lograrlo, y lo que queremos es que se le otorguen a estos enfermeros sus incentivos”, expresó desde la comparecencia.
Por su parte, el enfermero especialista, Juan Del Valle, confirmó que sus colegas han realizado gestiones a través del CPEPR. “Inclusive, llegamos varias veces al Capitolio y La Fortaleza en protesta de esos enfermeros y enfermeras que no han recibido el primer incentivo”, indicó.
Tanto Del Valle como García Cintrón solicitaron a la Legislatura que se haga justicia y se otorgue el incentivo a este personal sanitario que arriesgó su vida desde el comienzo de la pandemia en el país.
Durante la pandemia han fallecido 19 enfermeras y enfermeros en puerto rico víctimas del coronavirus, según información del Departamento de Salud.
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, negó la capacidad del Gobierno de desembolsar ese dinero, debido a que estaba sujeto a un tiempo específico por parte de la Junta Supervisora FIscal (JSF).
“Habría que evaluar la información que traen las agencias y evaluar caso a caso”, dijo el asesor especial de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Jean Peña Payano.
Las condiciones que exigieron en ese momento a los profesionales eran: ser residentes de Puerto Rico; estar debidamente licenciados para practicar su profesión; estar activamente practicando su profesión a marzo de 2020; no encontrarse disfrutando de licencia sin sueldo para esa fecha y en caso de practicar dos profesiones elegibles, solo recibirá el beneficio mayor.
Respecto a las razones por las que un año después no se les ha asignado al menos a 1,235 enfermeros en Puerto Rico su incentivo, el director de la Aafaf, Manuel González, señaló dos factores. “Uno es la situación de la Ley Promesa y es que estos fondos fueron autorizados por la JSF el 21 de marzo del 2020 y a esta fecha los fondos están cerrados”, dijo.
“Se puede hacer una gestión con la JSF para que se reabran esos fondos. La otra dificultad es que un mismo profesional puede estar ejerciendo más de una profesión a la vez o, a marzo del 2020, no estaba activo”, añadió.
Asimismo, afirmó que durante el proceso en que los enfermeros en puerto rico del sector privado suministraron sus datos en el sistema del Departamento de Hacienda para reclamar el incentivo, hubo errores en algunos datos. “Tal vez un número incorrecto de licencia. En otros casos, fue el propio Gobierno el que falló al no enviar una certificación requerida al Departamento de Hacienda”, aclaró.
Hasta la fecha las cifras del Gobierno dan cuenta de haber beneficiado a 32,420 profesionales de la enfermería. De los cuales 3,799 son del sector público, 246 del sistema correccional y 24,418 del sector privado.
