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El gobernador de California, Gavin Newsom, está a punto de sancionar una ley que fijaría por decreto el salario mínimo de los trabajadores de la industria de comida rápida en $22 la hora, alzándolo $7 por encima del salario mínimo de $15 establecido en el estado.
La FAST Recovery Act, como es conocida la ley que elevará los salarios en el sector de comida rápida a partir del 2023, establecerá un panel integrado por el gobernador y delegados de sindicatos y la industria de la comida rápida, que fijará los incrementos en el salario a partir de los $22 y que deberán ser iguales al aumento en la inflación pero con un tope máximo del 3.5 %.
El panel que crea la comisión no solo será encargado de determinar la remuneración de los trabajadores de la industria de comidas rápidas, sino también de establecer la regulación a regir en cuanto a horarios y condiciones laborales en las franquicias.
Un antiguo borrador del proyecto de ley también estipulaba que las cadenas de restaurantes podrían ser responsables legalmente por abusos y faltas que se cometan dentro de sus franquicias, sin embargo, este artículo logró ser removido gracias a el lobby de compañías como McDonald’s, Yum! Brands y Chipotle Mexican Grill.
La versión final del proyecto de ley pasó el lunes en las dos legislaturas de California, controladas por los demócratas. Tanto en la asamblea como en el senado de California los demócratas aprobaron la legislación de manera unánime, mientras que todo el Partido Republicano se opuso a su aprobación.
Estas son las consecuencias para la industria de comida rápida de la ley FAST Recovery
Un estudio contratado por la Asociación Internacional de Franquicias con la facultad de Negocios Riverside de la Universidad de California estimó que, producto de la medida, los costos de contratación podrían incrementarse hasta un 60 %, mientras que el costo de la comida rápida para los consumidores podría incrementar entre un 7 % y 20 %, dependiendo del tipo de restaurante.
La medida también puede afectar desproporcionadamente a los negocios de franquicia, pues la legislación solo cubre a los negocios con más de 100 establecimientos a lo largo de la nación.
Según el gremio de restaurantes de California, de aprobarse el proyecto de ley, la industria de la comida rápida tendrá que tomar medidas drásticas en su conjunto que no solo implican el aumento de precios, sino también reducir la contratación y cortar turnos para poder continuar siendo rentables.
La imposición de un salario mínimo de $22 en la industria de comida rápida elevaría los precios en los menús. (EFE)
Según un sondeo hecho por el Instituto de Políticas Laborales a 658 economistas: el 93 % de los encuestados cree que la ley incrementará los costos de operación para las franquicias; el 83 % de los consultados cree que menos cadenas estarán dispuestas a expandir sus operaciones en California; hasta el 73 % concuerda en que algunas franquicias dejarían de operar en California; y el 49 % cree que la ley tendrá impacto negativo en la contratación, mientras que otro 39 % cree que tendrá un impacto muy negativo.
De ser ratificado el proyecto de ley por el Gobernador Newsom, los empleadores tendrían que subir los salarios a los trabajadores de comida rápida en el 2023, justo después de que los negocios de este sector soportaran un alza de precios considerable que redujo los márgenes de muchos restaurantes y los obligó a subir precios.
La industria de comida rápida en California envuelta en una guerra de lobby entre sindicatos y gremios de restaurantes
Varios representantes de la industria de comida rápida se han movilizado para persuadir al gobernador Newsom de que vete el proyecto de ley. La Asociación de Restaurantes de California abiertamente se han opuesto al proyecto de ley que es respaldado por los sindicatos en el sector de comida rápida.
Marcas como Burger King, Chipotle o Chick-fil-A Inc han invertido hasta $1,000,000 en lobby en contra del proyecto de ley, sin embargo, han sido opacados en monto por los sindicatos que han gastado hasta $5 millones para apoyar el paso de la legislación.
Por su lado, McDonald’s ha impulsado a sus franquicias para que se manifiesten en contra de la legislación, según el gigante de las hamburguesas en caso de ser ratificado el proyecto de ley por el gobernador Newsom podría terminar su expansión de restaurantes en California.
El gobernador Newsom que tiene hasta el 30 de septiembre para ratificar el proyecto de ley, todavía no ha manifestado si apoya o no la legislación que acaba de pasar en la asamblea y el Senado de California.
Economist, writer and liberal. With a focus on finance, the war on drugs, history, and geopolitics // Economista, escritor y liberal. Con enfoque en finanzas, guerra contra las drogas, historia y geopolítica