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El cese de la construcción del muro, una de las promesas de campaña por parte del presidente Joe Biden, trajo consigo un revés inesperado y es que el congelamiento de miles de millones de dólares destinados para su construcción, podría ser ilegal.
En pleno desarrollo de una crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, el Gobierno Biden-Harris enfrenta otro problema tras la resolución de detener la construcción en la frontera con México, ya que estaría interfiriendo las funciones del Congreso. Así, pues la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) está investigando la legalidad de la decisión de la administración demócrata respecto al muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
Un informe de Politico señala que «el martes, Charles Young, responsable de asuntos públicos de la GAO, confirmó que estaban investigando si Biden estaba legalmente autorizado a detener la construcción porque la financiación ya había sido aprobada».
De acuerdo con el medio, «el Congreso aprobó casi 1,400 millones de dólares en fondos para el muro fronterizo en diciembre de 2020 para el año fiscal 2021, como parte de un antiguo paquete de estímulo de 900,000 millones de dólares».
La GAO inició la investigación luego de que 40 senadores republicanos, liderados por Shelley Moore Capito (R-WV), escribieran a la Oficina argumentando que la orden del presidente contribuyó a que se generase una «crisis humanitaria y de seguridad nacional» en referencia a lo que ocurre en la frontera sur.
«El 20 de enero, en uno de los primeros actos oficiales de su Presidencia, Joseph Biden suspendió la construcción del muro fronterizo y ordenó la congelación de los fondos proporcionados por el Congreso para ese fin», manifestaron los senadores en la carta. «En las semanas que siguieron, el control operativo de nuestra frontera sur se vio comprometido y se ha producido una crisis humanitaria y de seguridad nacional. Las acciones del presidente han contribuido directamente a este desafortunado, aunque totalmente evitable, escenario. Además, constituyen una flagrante violación de la ley federal e infringen el poder constitucional del Congreso».
«Nos dirigimos a ellos en relación con estas acciones. Creemos que violan la Ley de Control de Confiscación (ICA), según la interpretación de su oficina, y solicitamos su opinión legal al respecto. Se requiere una acción rápida para poner fin a estas violaciones para restaurar el orden en la frontera», pidieron los senadores a la GAO.
Por ahora, la detención de la construcción del muro es un problema más político que legal
El senador Roy Blunt (R-MO), quien es presidente del Comité de Política Republicana del Senado, dijo a Politico que el presidente pasó mucho tiempo ejerciendo el cargo de legislador y que «sabe que el trabajo del Congreso es autorizar cómo se gasta el dinero y el trabajo del presidente es gastarlo eficientemente».
A la propuesta de Moore Capito, se le unieron más de 60 representantes republicanos y otros cuatro senadores el martes pasado. Todos ellos solicitan la opinión de la GAO respecto de la legitimidad de la decisión de Biden de frenar la construcción del muro.
De acuerdo con el informe de Politico, no es probable que «Biden enfrente un castigo formal», ni siquiera si la GAO llegase a determinar que la detención de la construcción del muro es ilegal o excede los poderes del Ejecutivo.
Las presiones y criticas alrededor de la gestión Biden-Harris respecto a la crisis fronteriza, sumado a la posible responsabilidad de la administración, en torno la crisis migratoria, sitúan al mandato demócrata en una situación delicada de cara al futuro.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
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