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Un grupo de padres y educadores de Virginia, representados por abogados de la organización Alliance Defending Freedom (ADF), presentaron una demanda contra un distrito escolar por usurpar el derecho a los padres a elegir la educación de sus hijos e imponer a profesores y empleados la ideología de género.
De acuerdo con información de ADF, la política del distrito escolar insta al personal a utilizar pronombres preferidos a petición de los estudiantes, y prohíbe a empleados y educadores que compartan con padres y representantes legales información relativa a la identidad sexual de sus hijos.
Luego de enviar una carta al Consejo Escolar Público de la Ciudad de Harrisonburg dejándole saber a la junta directiva que su política de ocultar a los padres información relativa a la sexualidad de los estudiantes es inconstitucional, los abogados de ADF presentaron la demanda ante la Corte de Circuito del Condado de Rockingham.
“Escribimos sobre la política y la práctica de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Harrisonburg para exigir que todos los miembros del personal afirmen la disforia de género de cualquier estudiante usando cualquier nombre y pronombre que solicite el estudiante, y ocultando afirmativamente cualquier cambio solicitado de los padres del estudiante”, lee la carta. “Esta política y práctica viola tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución de Virginia y debe rescindirse de inmediato”.
Padres y educadores contra los distritos escolares
La organización destacó además que el distrito escolar puso en marcha un “plan de transición de género” que solo involucraría a los padres y familiares de los estudiantes cuando la institución educativa lo considerase “apropiado”.
“Los padres —no las escuelas públicas ni los funcionarios del gobierno— tienen el derecho fundamental de dirigir la crianza, el cuidado y la educación de sus hijos”, dijo el consejero principal de ADF, Ryan Bangert, en un comunicado.
“Los profesores y el personal no pueden ocultar deliberadamente a los padres la información sobre la salud mental de sus hijos, sobre todo porque algunas de las decisiones que toman los niños en la escuela tienen ramificaciones que pueden alterar su vida”, continuó Bangert. “Como creen los clientes que representamos, el papel de un profesor es apoyar, no suplantar, el papel de los padres.”
La demanda contra el distrito escolar de Harrisonburg es la tercera en generar acciones legales en los meses recientes sobre políticas en las escuelas de Virginia que, según ADF, resultan violatorias de la ley y de los derechos de los padres. Situaciones similares se presentaron en los condados de Albemarle y Loudoun.
Otros estados también están presentando demandas contra los distritos escolares por violar los derechos de los padres y los educadores. En Kansas, una profesora de secundaria demandó a su distrito por obligarla a usar pronombres preferidos.
En Wisconsin, grupos de padres y maestros de los distritos escolares de Madison y Kettle Moraine por permitir a estudiantes menores de edad cambiar sus nombres y pronombres en la escuela sin el consentimiento ni el conocimiento de los padres.
