Este miércoles 28 de julio, cuando se cumplieron 200 años de la libertad en Perú, Pedro Castillo recibió la banda presidencial vestido con un Liqui liqui, un traje tradicional venezolano que también usaron los dictadores Hugo Chávez, Nicolás Maduro y el boliviano Evo Morales.
El difunto tirano de Venezuela, Chávez, vistió el Liqui liqui cuando salió de prisión en 1994 luego de encabezar un fallido golpe de Estado en 1992. En 2017, Maduro decretó que el Liqui liqui se convertiría en un símbolo patrio.
La vestimenta de Pedro Castillo no es el único símbolo que genera alarma y que indica que Perú está al borde de sufrir el socialismo tal y como sucedió en Venezuela. El discurso radical contra la empresa privada, a favor de más impuestos y controles estatales también se convirtieron en señal de alerta.
Castillo se niega a gobernar desde la casa de Pizarro, sede del Gobierno nacional, y anunció que esta se convertirá en un museo. Su decisión recuerda a la asumida por Chávez en Venezuela, quien dijo que no gobernaría desde el palacio de Miraflores porque lo cedería para que fuera una universidad. La promesa nunca se cumplió.
El nuevo presidente de Perú juró ante el Congreso peruano por una nueva Constitución; también hizo referencia a gobernar «por el pueblo y para el pueblo», la misma retórica empleada por Chávez en la mayoría de sus alocuciones. Asimismo, habló de «rentabilidad social» y «visibilizar a los humildes». Además, tal y como lo hizo el socialismo en Venezuela, usó parte de su discurso para satanizar al sector empresarial.
El discurso hostil y radical utilizado por Castillo es típico de la izquierda socialista de la región, pero no es lo único que preocupa. En sus palabras asomó algunas medidas que atentan contra la propiedad privada, las libertades económicas y que cierra las puertas al libre mercado.
Habló de «distribución equitativa de la riqueza», «acabar con abusos», incrementar la recaudación y «asegurar la rentabilidad social de los grandes proyectos».
Una nueva Constitución
Tal y como lo hizo Chávez al asumir el poder en Venezuela, Castillo habló en su primer discurso de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Declaró que el pueblo peruano está dispuesto «a recuperar la soberanía» y que con una nueva Carta Magna pretende «garantizar los ingresos del Estado».
La Constitución actual no contempla la convocatoria a una Asamblea Constituyente, por lo que sería necesaria una reforma constitucional que incluya esa figura.
«Decir que va a cumplir con la ley y luego aseverar que los jóvenes no pueden ser prisioneros de la Constitución y que eso no lo va a permitir, es una contradicción y una señal de que Castillo quiera obligar, sí o sí, a que se modifique la Carta Magna», señaló a El American José Ignacio Beteta, analista político y presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú.
Rondas campesinas: más milicia y vigilancia social
Ronda campesina es el nombre que la población dio al tipo de organización comunal de defensa surgido de manera autónoma en las zonas rurales del Perú a mediados de la década de 1970.
«La Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal, pero eso no es suficiente. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las Rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población», expresó Castillo.
La promesa de expandir el sistema de ronderos recuerda a cómo Chávez y Maduro decidieron armar a las milicias en el país para «defender la revolución».
¿Control de precios?
Aunque el presidente señaló que no pretende «estatizar la economía», durante su discurso señaló que el acceso al Internet ya no será un servicio, sino un «derecho» que deben tener todos los peruanos. El anuncio parece indicar que en sus planes tendría un control de precios.
La aseveración del mandatario generó confusión en gremios defensores de la propiedad privada: «No basta decir que no habrá estatizaciones ni control de tipo de cambio. Lo que necesitamos son estabilidad en reglas claras y un marco promotor. Hay cosas que pueden preocupar, por ejemplo, hay algunos anuncios que se puede atender que hay un tipo de control de precios», señaló a El Expreso el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo.
Lo mismo sucede con el anuncio de que el ingreso a universidades será «libre». Esto implicaría intervenir también en el modo en que trabajan las universidades privadas y en su proceso de selección de estudiantes.
«Es falso que queramos expropiar»: la misma afirmación de Hugo Chávez
«Se ha tratado de asustar a la población con el cuento de que quería expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas», declaró Castillo tras ser juramentado y agregó que «es totalmente falso». A su juicio, lo que busca es «orden» en la economía.
«No pretendemos, ni remotamente, estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios», insistió. Sin embargo, el plan de gobierno del partido Perú Libre —descrito como marxista y leninista— menciona al «Estado nacionalizador».
El documento cita que la estatización es «una medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación».
Chávez tuvo el mismo argumento de Castillo. En 1998 negó la nacionalización de medios de comunicación y aseguró que «no hay intención de nacionalizar absolutamente nada». Afirmaba que su propósito era promover la inversión extranjera. Para el 2013 se estimaba que Chávez había expropiado casi 1,200 empresas.
«Rentabilidad social»: la satanización del empresario
Al hablar de inversiones en el país, Castillo señaló que todos los proyectos deberán generar «rentabilidad social». Una aseveración poco clara y que genera incertidumbre sobre a qué se refiere con “rentabilidad social”, cómo va a aplicarse y si eso significa interferir en los ingresos o ganancias que genera la empresa privada en el país.
Habló sobre un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos. «La inversión internacional debe transferir innovación y tecnología […] si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va», dijo Castillo.
«Hay algunos anuncios que dan a entender de que puede haber un tipo de control de precios. Cuando estamos hablando de márgenes de cuál debería ser la rentabilidad social y vamos a ver algunas empresas controladas por el Estado compitiendo en algunos mercados pudiera dar la impresión que estarían entrando en el control de precios», dijo Caipo.
Durante su campaña, Castillo dijo públicamente que regulará la inversión privada y reducirá las importaciones. Según su plan de Gobierno, el objetivo es que el 80 % de las utilidades de las compañías extranjeras queden en manos del Estado peruano.
«No más pobres en un país rico», es el lema que repite Castillo. Ese mismo tono y ese mismo enfoque pregonaba Chávez en Venezuela, quien logró acabar con la clase media del país.
Chávez convirtió a los ricos en pobres, pero a los pobres los hizo más pobres. Ese es el socialismo, el que promete igualdad, pero, en realidad, lo que hace es destruir la calidad de vida de todos.
Castillo dice que aceptaría la participación de empresas privadas bajo condiciones que beneficien «al pueblo». Lo mismo dijo Chávez, quien decidió poner condiciones imposibles para las compañías que tenían décadas instaladas en Venezuela: expropió, expulsó y acabó con el sector privado y hoy solo quedan ruinas de él.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo