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¿Por qué los peruanos aún no saben quién será el próximo presidente?

El proceso sigue abierto, no existe un ganador y protestas en las calles exigen una investigación más exhaustiva de las irregularidades encontradas por miles de peruanos

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Han pasado dos semanas desde la segunda vuelta electoral y los peruanos aún no conocen quién será su próximo presidente. De acuerdo con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el comunista Pedro Castillo ganó los comicios, pero mientras se mantenga una batalla judicial en el Jurado Nacional de Elecciones, ninguna victoria está cantada.

Luego de la jornada electoral el pasado 6 de junio, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, emprendió impugnaciones por irregularidades durante los comicios. La situación aún no se ha resuelto y por lo tanto, aún no hay proclamación oficial sobre el resultado final.

El único órgano facultado para proclamar a los candidatos o a la fórmula presidencial ganadora es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual ahora tiene la responsabilidad validar los resultados de la ONPE o modificarlos a través de los procesos de impugnación que viene evaluando.

Keiko Fujimori anunció que su partido presentó un recurso de nulidad con 802 casos de actas electorales con irregularidades que van desde la falsificación de datos, sumas erradas hasta dudosos miembros de mesa.

Las 802 actas que Fujimori pide anular contienen 200,500 votos. De anularse tan solo una parte de estas actas el resultado cambiaría a favor de la candidata.

Hasta el momento el JNE ha analizado un total de 77 casos de actas observadas por la ONPE, de los cuales 70 fueron declarados infundados, lo que significa que el 91 % de los casos han sido infructuosos.

Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ha defendido un total de 57 casos de los cuales solo ha ganado tres, mientras que Perú Libre ha interpuesto 19 apelaciones y ha ganado en cuatro ocasiones.

Tras una semana de audiencias, aún los resultados mantienen al comunista Pedro Castillo en primer lugar, seguido de Keiko Fujimori.

Al cierre de este artículo, 44,240 votos separan a los candidatos. Tras el 100 % de actas contabilizadas, la diferencia es de 44,058 entre ambos.

Según la Asociación de Contribuyentes del Perú existen evidencias que ponen en duda los resultados electorales de la segunda vuelta.

La aparición de diversos videos, fotos, contradicciones entre números de votos y actas, vicios en la conformación de las mesas, entre otros, generó que ciudadanos independientes y representantes del partido Fuerza Popular recaben pruebas para proceder a enviar solicitudes de nulidad al Jurado Electoral Peruano. Estas solicitudes de nulidad no son actos judiciales, sino trámites que se encuentran dentro de la normativa electoral peruana, y dentro de los plazos establecidos.

El proceso sigue abierto, no existe un ganador y algunas protestas en las calles exigen una investigación más exhaustiva de las irregularidades encontradas, mayor transparencia por parte de las autoridades electorales y que no se apuren los resultados sin que se haya culminado el proceso legítimo.

“Legalmente Fuerza Popular la tiene cuesta arriba porque el JNE aún no quiere aceptar a trámite cientos de solicitudes de nulidad que sí podrían mover el resultado global de las elecciones. Por el momento, con sumas y restas (así consideren algunas nulidades como fundadas), no les alcanzarían los votos”, explicó a El American el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta.

“Pero hay estudios independientes que cada vez demuestran con más claridad que ha habido muchas irregularidades en el proceso electoral. Quizás estos estudios no modifiquen el resultado final, pero de llegar hasta el fondo del asunto podrían marcar la diferencia en cuanto al poder y la legitimidad que tendrá Castillo en caso que quiera imponer una agenda radical para cambiar la Constitución”, señaló el especialista.

Se desconoce con claridad cuánto tiempo demorará conocer los resultados de estas impugnaciones. Sin embargo, la decisión debe llegar antes del próximo 28 de julio, fecha en que según la Constitución un nuevo presidente debería tomar el cargo.

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