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Un entramado de corrupción en Puerto Rico revela la existencia de una gran red que salpica a banqueros y funcionarios públicos en presuntos casos de soborno, lavado de dinero, tráfico de influencias y otros presuntos delitos.
El escándalo se conoció tras la detención de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por irregularidades en la financiación de su campaña política de 2020. Aunque la exgobernadora se declaró no culpable ante el tribunal, su caso involucra a altos cargos en la isla. Un consultor político de la exgobernadora y el presidente de Bancredito International Bank ya se declararon culpables de participar en el esquema de soborno.
La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez aseguró que es “inocente” (EFE)
Vázquez fue arrestada el jueves pasado por agentes del FBI en su residencia, aunque quedó después en libertad bajo fianza. La exgobernadora enfrenta cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico.
En el caso también están acusados el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini; este último se entregó a las autoridades este martes 9 de agosto aunque asegura que es inocente.
El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, explicó en una rueda de prensa que la exgobernadora, Herrera y Rossini podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión en caso de ser declarados culpables.
Según la acusación formal, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300,000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez, a cambio de que ella despidiera al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba al Bancrédito International Bank, banco de Herrera.
La situación ha sido tan grave que Bancrédito decidió cesar sus operaciones en Puerto Rico.
Este caso se suma al de varios alcaldes, exalcaldes y altos funcionarios que han sido detenidos y acusados de corrupción y de aceptar sobornos en el último año en Puerto Rico.
Los otros involucrados en la trama
Mark Rossini: Exagente del FBI se entregó el martes a las autoridades federales en la isla y se declaró inocente de los cargos. La fiscalía general le dijo a The Associated Press (AP) que el abogado de Rossini se puso en contacto con las autoridades días después de que la exgobernadora Wanda Vázquez fuera arrestada.
Mark Rossini, co acusado caso Wanda Vázquez, solicita tiempo adicional para responder a propuesta orden de mordaza del juez Raúl Arias @LasNoticiasT11 pic.twitter.com/Fd9kpbkrOE
— Melissa Correa (@melissaivelise) August 11, 2022
Rossini está acusado de conspiración, soborno en un programa federal y fraude cablegráfico. Se declaró inocente durante una audiencia en que el juez le autorizó vivir en Estados Unidos, pero no en España, donde está recibiendo tratamiento por cáncer. Sin embargo, el juez indicó que podía viajar a España para atenderse por su enfermedad.
Las autoridades dicen que Rossini dio servicios de consultoría a Herrera Velutini cuando ambos habrían prometido apoyar financieramente la campaña de Vázquez en 2020 con más de 300.000 dólares.
Rossini fue agente del FBI de 1991 a 2008, cuando renunció como parte de un acuerdo con la fiscalía en el que se declaró culpable de acceder criminalmente a una base de datos del FBI con propósitos personales.
Julio Herra Velutini (Foto de su blog personal)
Julio Herrera Velutini: Herrera, con doble nacionalidad venezolana e italiana, era propietario del banco Bancredito International Bank, que operaba en San Juan.
Se alega que la exgobernadora aceptó la oferta de soborno del banquero y que en febrero de 2020, tomó medidas para exigir la renuncia del comisionado y nombrar en el cargo a un exconsultor del banco internacional propiedad de Herrera.
Herrera al momento no ha sido detenido. Las autoridades federales afirman que está en Reino Unido.
Según las autoridades federales, tras la derrota de Vázquez en las primarias, Herrera y Rossini conspiraron para sobornar al ganador y actual gobernador, Pedro Pierluisi; sin embargo, el fiscal federal, Stephen Muldrow, aclaró que el gobernador no está involucrado en el esquema.
En marzo de este año, el exadministrador de Vivienda Pública, John Blakeman, junto a Frances Díaz, directora general de Bancrédito, llegaron a un acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable en cargos de soborno y conspiración. Blakeman asistió en las finanzas de la campaña primarista de la exgobernadora.
Corrupción en Puerto Rico: una caja de pandora
En los últimos cuatro años, dos exalcaldes y seis alcaldes han sido acusados por corrupción por las autoridades federales.
Según la contralora Yesmín Valdivieso las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en Puerto Rico se estiman en un 10 % del presupuesto gubernamental.
En mayo de este año agentes del FBI arrestaron a los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao, Javier García Pérez y Reinaldo Vargas Rodríguez, respectivamente, señalados también de corrupción.
También ese mismo mes se entregó el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) de Guayama, Eduardo Cintrón, quien se declaró culpable de recibir comisiones ilegales a cambio de favorecer una empresa de asfalto que le pagó el kickback de acuerdo a cada metro cuadrado asfaltado en el municipio.
En diciembre pasado, una investigación de un medio local reveló que Vargas recibió dinero en efectivo de parte del empresario Oscar Santamaría, presidente de la empresa Waste Collection, dedicada a la recolección de basura y escombros.
A mediados de diciembre también se entregó a las autoridades el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiques, por recibir kickbacks mensuales de $5,000 de parte de una empresa de recogido de basura a cambio de asegurarles un contrato por 10 años en el municipio.
El exalcalde popular de Trujillo Alto, José Luis Cruz, se declaró culpable de un cargo por conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales. La investigación señala que la empresa le pagaba 75 centavos en comisiones ilegales por cada casa en la que recogían desperdicios sólidos.
En noviembre del año pasado el alcalde novoprogresista de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, también fue arrestado por conspiración para recibir kickbacks, soborno con programas federales y extorsión mediante uso de derecho oficial.
Según el pliego acusatorio, Pérez Otero recibió pagos semanales de $5,000 desde el 2019 hasta mayo de este año para asegurar y mantener ciertos contratos en el municipio.
La corrupción endémica
Pero en Puerto Rico no solo han sido arrestados alcaldes y gobernadores. Julia Keleher, la exsecretaria del departamento de Educación bajo la administración de Ricardo Rosselló fue arrestada en julio de 2019 y se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico.
El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nelson Del Valle Colón, se declaró culpable a nivel federal por un esquema de sobornos. Dos de sus empleadas también se declararon culpables tras ser acusadas junto al exfuncionario en el año 2020.
María Milagros ‘Tata’ Charbonier, exrepresentantes del Partido Nuevo Progresista, fue arrestada en agosto del 2020 junto a su esposo, su hijo y una empleada de su oficina. Todos enfrentan cargos por robo de fondos federales, fraude en sus servicios honestos, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo