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Una juez federal aprobó este martes un plan de restructuración para la deuda de Puerto Rico en una histórica sentencia que tiene como objetivo revitalizar la economía del Estado Libre Asociado y reducir sus $135 mil millones en pasivos.
En mayo de 2017, Puerto Rico solicitó protección bajo una ley similar a la bancarrota, conocida como Título III, con el fin de aliviar una deuda que incluía más de $55 mil millones en obligaciones de pensión con fondos insuficientes.
Un acuerdo histórico para una deuda histórica
Una junta de supervisión financiera designada por el Gobierno federal propuso un plan de ajuste de la deuda que incorpora acuerdos comerciales entre una serie de acreedores y busca fomentar nuevas inversiones para ayudar a la economía de la isla.
El plan recorta la deuda en un 80 %, reduciendo $33 mil millones en pasivos de bonos a $7 mil millones, en un caso que habría acumulado cerca de mil millones en honorarios legales, según reportó el The New York Times.
El acuerdo indica que se recortarán unos $21 mil millones en obligaciones generales, bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), así como varios millones de dólares en deudas con contratistas del Gobierno.
Luego de que Puerto Rico se convirtiera en el primer territorio americano en declararse en bancarrota, la juez federal del distrito sur de New York, Laura Taylor Swain, puso fin a cinco años de litigio aprobando la propuesta de la junta.
El gobernador Pedro R. Pierluisi dijo en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter que el acuerdo reduce la deuda de Puerto Rico “a un nivel sostenible” que facilitará la recuperación económica de la isla.
Pierluisi dijo también que aunque el acuerdo “no es perfecto, es muy bueno para Puerto Rico y protege a los pensionados, a la universidad y a los municipios”.
