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Perdonen la jerga del béisbol, pero hasta los no aficionados al deporte favorito de pasatiempo de Estados Unidos saben que un “ponche”, no es un éxito. La Corte Suprema (SCOTUS), el lunes 22 de febrero, desestimó ocho desafíos legales al proceso electoral de 2020 de numerosas entidades republicanas.
La más destacada de las demandas se refería a la constitucionalidad de los cambios en la ley electoral de Pensilvania, su consiguiente ampliación de la fecha de recepción de las papeletas de voto por correo y los conflictos generales con la primacía exclusiva que tienen los legisladores estatales en la elaboración de las leyes electorales y las consideraciones de igualdad de protección, ambas, inherentes a la Constitución.
¿Significa esto una demolición de los argumentos de irregularidades, anomalías e inconstitucionalidades electorales? No, no es el caso. El hecho es que la probabilidad de que un caso se vea ante el SCOTUS es prácticamente nula. En 2017, por ejemplo, esa cifra exacta fue del 2.8 %, según los datos recopilados por la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos, recogidos en el Sourcebook of Criminal Justice y publicados por Supreme Court Press. Señalan la ironía de que es más fácil ser admitido en Harvard, que ser atendido en el más alto tribunal de la nación.
La desestimación de la Corte Suprema, de naturaleza procesal
Las pruebas de las demandas republicanas, pro-Donald J. Trump que fueron “desestimadas”, para ser enfáticamente claros, no fueron escuchadas ni juzgadas. La premisa de las desestimaciones de la SCOTUS fue esencialmente de naturaleza procesal. Por lo tanto, el fundamento de las denuncias sigue sin resolverse. Si extrapolamos las opiniones comparativas sobre la integridad del voto por correo, Trump, su ala republicana del partido y cerca de la mitad de los americanos ven reforzada su opinión sobre este asunto. No son teóricos de conspiración.
Francia prohibió el voto por correo hace cuarenta y cinco años. En una entrevista reciente, el periodista de OANN Jack Posobiec, le preguntó a Jerome Riviere, un político francés que se encontraba de visita en Washington, por qué los franceses suprimieron esa opción de voto generalizado. El miembro del Parlamento de la Unión Europea declaró que fue por la preocupación por la posibilidad de fraude y añadió que las elecciones presidenciales americanas de 2020, reforzaron su posición de que su país hizo lo correcto con el voto por correo en 1975. Francia no es un caso aislado.
La decisión de no revisar los casos que cuestionan la integridad de las elecciones, en particular la demanda de Pensilvania que fue presentada por el Partido Republicano de Pensilvania y los miembros republicanos de la legislatura estatal, no fue unánime entre los miembros del SCOTUS. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch desistieron de la decisión del alto tribunal de no conceder una audiencia al desafío legal del Estado de Keystone. La posición de los jueces disidentes, aunque son claramente una minoría dentro del cuerpo de los nueve miembros de la Corte, establecieron un razonamiento coherente, perspicaz y poderoso para su objeción.
Clarence Thomas expresó la desaprobación más fuerte. Al escribir una abrasadora opinión disidente, el único juez negro actual de la Corte y posiblemente su miembro más conservador, arremetió contra sus colegas no coincidentes por su negativa a no reconocer el peligro que suponía para la república americana que la Corte no abordara esta cuestión tan fundamental.
Nominado por George H. W. Bush y considerado el más silencioso de los jueces del SCOTUS, Thomas advirtió de las consecuencias “catastróficas” de permitir que entidades no autorizadas y sin mandato constitucional alteren las leyes electorales, o como él se refirió, “cambiar las reglas en medio del juego”.
El problema principal que puso de manifiesto el caso de Pensilvania, al igual que en casos similares de otros estados en este sentido, fue totalmente una cuestión de extralimitación constitucional. El Partido Demócrata de Pensilvania presentó una demanda para ampliar el plazo de recepción de los votos por correo y contabilizarlos como votos legítimos, cuando en realidad la legislatura del estado de Pensilvania había establecido claramente las directrices para ello.
El Tribunal Supremo de Pensilvania se puso del lado de los litigantes del Partido Demócrata del estado y permitió la revisión de las leyes electorales, basándose en las alegaciones de preocupación por la pandemia. Es importante señalar, aunque no está relacionado con la disidencia de la minoría, pero es importante establecerlo, que algunos de los jueces del alto tribunal de Pensilvania son funcionarios electos. En otras palabras, debido a su posición ante el electorado, puede interpretarse que carecen de independencia judicial y de la debida templanza.
Thomas afirmó categóricamente en su opinión seminal que “tanto antes como después de las elecciones de 2020, los funcionarios no legislativos de varios estados se encargaron de establecer las reglas en su lugar. Como resultado, recibimos un número inusualmente alto de peticiones y solicitudes de emergencia impugnando esos cambios.” Además, citó una larga serie de casos federales y estatales que defendían la carta de exclusividad de la Constitución que otorga a los órganos legislativos estatales la única capacidad de hacer y/o cambiar las leyes electorales. Si no se atiende este caso, sostuvo Thomas, los peticionarios se enfrentan a un “daño irreparable”.
Dado que estas infracciones constitucionales afectaron a las “reglas del juego”, como Thomas expuso tan brillantemente, la democracia americana como institución ha sufrido un “daño irreparable”. La anomalía abyecta que plagó las elecciones de 2020, un resultado directo de estas alteraciones legales, aunque no constitucionales, de las leyes electorales que el SCOTUS, lamentablemente, se negó a revisar, pesará mucho contra el principio formidable de controles y equilibrios.
El problema principal que puso de manifiesto el caso de Pensilvania, al igual que en casos similares de otros estados en este sentido, fue totalmente una cuestión de extralimitación constitucional. El Partido Demócrata de Pensilvania presentó una demanda para ampliar el plazo de recepción de los votos por correo y contabilizarlos como votos legítimos, cuando en realidad la legislatura del estado de Pensilvania había establecido claramente las directrices para ello.
El Tribunal Supremo de Pensilvania se puso del lado de los litigantes del Partido Demócrata del estado y permitió la revisión de las leyes electorales, basándose en las alegaciones de preocupación por la pandemia. Es importante señalar, aunque no está relacionado con la disidencia de la minoría, pero es importante establecerlo, que algunos de los jueces del alto tribunal de Pensilvania son funcionarios electos. En otras palabras, debido a su posición ante el electorado, puede interpretarse que carecen de independencia judicial y de la debida templanza.
Thomas afirmó categóricamente en su opinión seminal que “tanto antes como después de las elecciones de 2020, los funcionarios no legislativos de varios estados se encargaron de establecer las reglas en su lugar. Como resultado, recibimos un número inusualmente alto de peticiones y solicitudes de emergencia impugnando esos cambios.” Además, citó una larga serie de casos federales y estatales que defendían la carta de exclusividad de la Constitución que otorga a los órganos legislativos estatales la única capacidad de hacer y/o cambiar las leyes electorales. Si no se atiende este caso, sostuvo Thomas, los peticionarios se enfrentan a un “daño irreparable”.
Dado que estas infracciones constitucionales afectaron a las “reglas del juego”, como Thomas expuso tan brillantemente, la democracia americana como institución ha sufrido un “daño irreparable”. La anomalía abyecta que plagó las elecciones de 2020, un resultado directo de estas alteraciones legales, aunque no constitucionales, de las leyes electorales que el SCOTUS, lamentablemente, se negó a revisar, pesará mucho contra el principio formidable de controles y equilibrios. La legitimidad del modelo político de Estados Unidos ha quedado en entredicho y su más alto tribunal no dio un paso al frente para abordar el problema. Este sistema falló.
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Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.