Pedro Delgado, juez del Tribunal federal aprobó este lunes que declaren los testigos solicitados por los demandantes en la vista de la demanda pautada para este martes, que busca detener la orden de vacunación obligatoria para empleados públicos de la rama ejecutiva emitida por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
El juez federal excusó al secretario de Salud, Carlos Mellado de la lista de testigos que presentarán los demandantes luego de que el Departamento de Justicia objetara la declaración de varios de los que figuraban en la lista, reportó El Nuevo Día.
“Son personas que declararán sobre sus experiencias, pero no demostrarán que los demandantes hayan sufrido daños irreparables”, dijo Idza Díaz Rivera, la abogada del Departamento de Justicia en representación de la defensa del gobernador.
“Carlos Mellado no está disponible para mañana, pero tenemos dos oficiales como testigos (de la defensa) que pueden testificar sobre asuntos relacionados a este caso”, agregó.
De acuerdo con el medio, la defensa del gobernador incluyó como testigos a la doctora Melissa Marzán, jefa de Epidemiología de Salud, para testificar “sobre algunas de las alegaciones en la demanda en relación a las estadísticas de salud del Covid-19 en Puerto Rico y las falacias en las conclusiones y las inferencias que los demandantes sacan de esas estadísticas”.
Además, también incluyó a la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud, quien declarará como representante de esa agencia y como parte de la coalición científica que asesora al gobernador sobre la política pública en relación a la pandemia del coronavirus.
El juez aceptó la oferta de cambio de testigos en el caso de Mellado y autorizó que declaren otros seis empleados públicos que no son demandantes en el caso.
“Entiendo lo que dice (la abogada Díaz Rivera), porque los testigos hablarán de sus propios casos, pero en esta ocasión no estamos frente a un jurado. Yo seré el que decida y puedo separar una cosas de la otra”, expresó el juez en relación al testimonio de otros empleados públicos.
“Lo que diré es que le daré el peso que merezca al testimonio”, resolvió el juez.
La defensa solicitó que se limitara el testimonio del doctor Andrew Bostom para el tema de potenciales efectos adversos de la vacuna contra el Covid-19 y la propagación del coronavirus entre los vacunados y no vacunados.
Así como, que no abordara otros temas propuestos, tal es el caso de la alegación de la supuesta inmunidad en las personas que ya se infectaron y sobre pruebas aleatorias para probar la efectividad de la vacuna, entre otros puntos.
Vacunación obligatoria en Puerto Rico, vigente con excepciones
En Puerto Rico, están vigentes diferentes Órdenes Ejecutivas que hacen compulsoria la inmunización contra el Covid-19 a los empleados de la rama ejecutiva, los contratistas del Gobierno, trabajadores de la salud, trabajadores y huéspedes del sector turismo, como así también salones de bellezas, barberías, spa, gimnasios, guarderías de niños, supermercados, casinos y tiendas en gasolineras.
Aunque, están exentos de este requisito de vacunación obligatoria las personas que tienen condiciones médicas preexistentes que impidan su inmunización o que manifiesten condiciones religiosas de manera legítima para no poder vacunarse. La medida podría cambiar si el gobernador de Puerto Rico decide aplicar una medida similar a la del presidente Biden.
El costo de la Órdenes Ejecutivas de Pierluisi: dos demandas ante Tribunal federal
La decisión de hacer obligatoria la inoculación contra el Covid-19 le ha costado al gobernador dos demandas, una contra su persona, y otra que incluye además al secretario de Salud, Carlos Mellado.
La primera fue interpuesta por empleados de carrera del Gobierno que alegaron que es una violación a sus derechos constitucionales y solicitaron que se declare inconstitucional y nulo hasta que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), proporcione la aprobación completa de la vacuna.
La segunda, vino de parte de un grupo de privados que exponen los daños que sufren tras el requerimiento de la certificación de la vacunación contra el Covid-19 al sector.
Justifican la demanda al gobernador y el secretario de Salud en que se viola el derecho a su integridad física, a la toma de decisiones médicas y a su privacidad. Además de que se viola su libertad económica y derechos propietarios.
Aunque en un principio Pierluisi manifestó no estar preocupado por estar “totalmente confiado de que ese caso no tiene méritos”, el juez federal Pedro Delgado Hernández le ordenó al Gobierno de Puerto Rico indicar cuáles son las fuentes de los “datos empíricos, estadísticos y científicos” que se usan de justificación en la Orden Ejecutiva.
