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En un escrito presentado ante la magistrada, los abogados indicaron que era algo “esperable” que entre los documentos presidenciales que Trump se llevó de la Casa Blanca hubiera material clasificado precisamente por la naturaleza del cargo que este ocupó.
La jueza Aileen Cannon citó mañana jueves a los abogados de Trump y del Departamento de Justicia a una audiencia en West Palm Beach (Florida) para tratar la demanda hecha por el expresidente para que un perito independiente supervise el caso originado por el registro realizado por el FBI en su mansión floridana en busca de documentos oficiales.
Trump ha solicitado además un recibo más detallado de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial que autorizó el registro.
La jueza Cannon se ha mostrado dispuesta a designar a un perito que supervise el allanamiento de Mar-a-Largo, la mansión y club privado de Trump en Palm Beach, donde tiene su domicilio legal, pero antes de tomar una decisión escuchará a las partes.
La audiencia en los tribunales federales de West Palm Beach se llevará a cabo dos días después de que el Departamento de Justicia (DOJ) comunicase a la jueza la posible comisión de un delito de “obstrucción” por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago.
Según el DOJ, algunos de los documentos hallados en un registro realizado el 8 de agosto fueron probablemente ocultados y sacados de un depósito.
El documento de más de 50 páginas (incluidos anexos) presentado por el DOJ a la jueza Cannon el martes por la noche ofrece una cronología de la gestión del material luego requisado desde que Trump abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.
De acuerdo con el escrito, el almacenamiento de esos documentos no está protegido por la figura del Privilegio Ejecutivo que le correspondería en calidad de presidente, sino que debían haber sido almacenados como manda la ley en los Archivos Nacionales.
