Read in English
Este lunes, los representantes demócratas y republicanos iniciaron un debate en el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes sobre el último proyecto de ley presentado por los demócratas para aceptar a Washington D. C. como el 51º estado de la Unión. El proyecto de ley, denominado Ley de Washington D. C. (H.R.51), se presentó a principios de este año y se espera sea aprobado por la Cámara, aunque se enfrenta a perspectivas poco halagüeñas en el Senado.
Según el artículo I, sección 8 de la Constitución, el Gobierno federal tendrá su sede en un distrito (que no exceda de diez millas cuadradas) que se formaría con la cesión voluntaria de partes de su territorio por parte de los estados y con la aceptación del Congreso. En otras palabras, el Gobierno federal no debe tener su sede dentro de un estado de la Unión, sino en un distrito especial bajo jurisdicción del Congreso americano.
Debido a esta cláusula constitucional, los ciudadanos de Washington D. C. no tienen representantes ni senadores en el Congreso, ya que nunca han sido un estado y solo estos tienen miembros con derecho a voto en el Poder Legislativo (aunque sí eligen un delegado sin derecho a voto en la Cámara). De hecho, el Distrito de Columbia no tuvo voto para presidente hasta que se ratificó la 23ª Enmienda de la Constitución, en 1961, que les dio 3 votos electorales en las elecciones presidenciales.
Desde entonces, D. C. ha votado abrumadoramente por los candidatos presidenciales demócratas en cada una de las elecciones y solo ha elegido alcaldes demócratas desde que pueden elegirlos mediante el voto popular.
Los demócratas argumentan que es injusto que los ciudadanos de D. C. no tengan una voz elegida en la cámara legislativa, que les sigue cobrando impuestos, y que solo la condición de estado resolvería esta cuestión.
La alcaldesa demócrata de la ciudad, Muriel Bowser, dijo en un tweet que mantener a los residentes de D. C. sin representación en el Congreso para proteger los intereses del Gobierno federal es «peligroso, anticuado y francamente insultante».
Por otro lado, los republicanos argumentan que convertir D. C. en un estado no es más que una estratagema política de los demócratas para aumentar sus posibilidades de ganar el Senado debido a los dos escaños extra que supondría la condición de estado. Otros argumentan que la medida solo sería posible en virtud de una enmienda constitucional, ya que la Constitución establece que la sede del Gobierno federal debe ser un distrito diferente de cualquier estado de la Unión.
El proyecto de ley presentado en el Congreso por los demócratas encuentra una forma inteligente de sortear esta objeción constitucional, pues no eliminaría el Distrito, solo reduciría su tamaño (y le cambiaría el nombre) a los principales edificios del gobierno federal y al National Mall. Además de mantener la autoridad sobre las bases militares de la ciudad en manos del Congreso, dejando el resto de la ciudad (donde la gente vive realmente) como parte del nuevo estado. Técnicamente, esto podría satisfacer la barrera constitucional para convertir a D. C. en un estado, aunque existe un importante desacuerdo en este frente.
¿Qué se juega políticamente al convertir a Washington D. C. en estado?
Aunque los argumentos constitucionales y legales sobre la estatalidad de D. C. son sin duda importantes, el hecho es que la lucha por la estatalidad de D. C., como casi todas las luchas que se producen en el Congreso, tiene un núcleo muy político y partidista. Básicamente, el razonamiento es el siguiente: los demócratas siempre ganan en D. C., los republicanos siempre pierden; permitir que D. C. se convierta en un Estado daría a los demócratas dos senadores más y al menos un representante más en la Cámara de Representantes, lo que les daría una mayor oportunidad de mantener el control en el Capitolio.
Los demócratas tienen muy buenas razones para presionar y darle a D. C. su estatus de estado, ya que la ciudad es un 43 % más demócrata que la media nacional, según el Cook Political Report. En consecuencia, los republicanos tienen muy buenas razones para oponerse a esa medida, la condición de estado de D. C. es solo un ejemplo puro de una lucha política por el poder.
Puerto Rico es otro de los territorios impulsados por los demócratas para que sea admitido como estado, lo que teóricamente les daría otros dos escaños extra en el Senado con los que mantener el control. La diferencia clave entre ambos casos es que sería más fácil vender la estadidad de D. C. al electorado en general que la de Puerto Rico, ya que la isla se enfrenta a una crisis económica y política crónica.
Si los demócratas consiguen que Washington D. C. sea admitido como estado (y eso es un gran “si”), sus mayorías en el futuro también serían mucho más cómodas de lo que han conseguido en el pasado reciente. Por ejemplo, si D. C. fuera un estado en 2020, los demócratas no tendrían que estar negociando constantemente con el senador Joe Manchin (D-WV) —también conocido como el Rey del Capitolio— por discutir hasta quién tiene las mejores plazas de estacionamiento en el Capitolio.
En un clima político en el que las ganancias son marginales y el compromiso suele ser inalcanzable, contar con un par (o incluso cuatro) de escaños más sería vital si los demócratas quieren que su agenda política se apruebe sin problemas.
La lucha por las consecuencias partidistas de la aceptación de nuevos estados a la Unión es tan antigua como el propio país. Maine, por ejemplo, formaba parte de Massachusetts y solo fue aceptado como estado por derecho propio en el marco del Compromiso de Missouri de 1820. Se aceptó como estado libre a cambio de permitir que Missouri mantuviera la esclavitud, para mantener el equilibrio en el Senado entre los estados libres y los estados esclavistas.
Incluso las admisiones de los dos últimos estados, Alaska y Hawái, estuvieron plagadas de maquinaciones y objeciones políticas, ya que los demócratas del sur temían que Hawái inclinara la balanza en su contra y el presidente Eisenhower se negó a aceptar Alaska por considerar que obstruiría sus políticas en el Congreso. Al final, ambos estados fueron aceptados como parte de un compromiso y Hawái se convirtió en un estado ocho meses después que Alaska.
El futuro de D. C. y Puerto Rico como estados
Lo más probable es que la apuesta demócrata fracase en el Senado, que está dividido al 50 %, ya que la votación sería pasada por el filibuster por parte de los senadores republicanos y los demócratas tendrían que convencer a 10 republicanos para que apoyen un proyecto de ley que dificultaría sus posibilidades de mantener el Senado en 2022. Además, aunque el proyecto de ley dé una respuesta a la cuestión de constitucionalidad, es muy probable que dicha medida sea impugnada en los tribunales y que incluso llegue a la Corte Suprema.
Por lo tanto, los demócratas tendrían que convencer a sus pares en la cámara alta de que eliminen el filibuster para conseguir sus votos a favor de la estadidad de Puerto Rico y D. C. en el pleno del Senado. Un reto difícil, ya que el senador Manchin y otros han declarado repetidamente que no quieren deshacerse del filibuster.
La condición de estado para Washington D. C. y Puerto Rico, independientemente de los argumentos esgrimidos a favor o en contra, parece muy difícil de conseguir en este momento, ya que el GOP no tiene ningún incentivo político (al menos por ahora) para aceptarlos. Además, alcanzar un compromiso similar a los de Maine-Missouri en 1820 o Alaska-Hawái en 1959 parece difícil, ya que actualmente no hay estados de tendencia republicana que puedan añadirse a la Unión como fuerza de equilibrio.
Incluso algunas medidas que les permitieran a los ciudadanos de D. C. tener representación federal sin crear un nuevo estado, como permitirles votar como ciudadanos de Maryland, no obtendrían tracción política, ya que los demócratas no encontrarían incentivos en tener más votantes demócratas votando en un estado ya sólidamente azul.
Los residentes de D. C. tienen argumentos razonables para que se les permita tener representación parlamentaria en el Congreso, después de todo están siendo gravados sin representación. Sin embargo, hasta que se encuentre un compromiso que garantice que la medida no sea una que solo beneficie a un partido, permitir la condición de estado de D. C. solo envenenaría aún más la relación entre ambos partidos.
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.