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Chile y su nueva Constitución

Quienes van a redactar la nueva Constitución lo hacen en un ambiente donde culturalmente predominan los derechos sobre los deberes

Por Ricardo Israel Z:

El padrón electoral habilitaba a un poco más de 14 millones ochocientos mil ciudadanos para votar en Chile y en el extranjero, en lo que la convocatoria legal llamaba un “plebiscito nacional” para iniciar un proceso que podría culminar en una nueva Constitución. A quienes acudieron se les pedía elegir entre “Apruebo” y “Rechazo”.

Como es habitual en Chile, un antiguo y muy confiable sistema electoral, casi exclusivamente manual, entregaba sus resultados antes que terminara el domingo 25 de octubre, a las pocas horas de cerradas las mesas de votación. Así, con el 99,84% de votos escrutados, el 78,27% aprobó la redacción de una nueva Constitución, mientras que el 21,73% lo rechazó. En cuanto al tipo de órgano al que se le encomendaba la tarea, sólo un 21,01 % respaldó la idea de una Convención Mixta Constitucional (congresistas y nuevos electos) y una mayoría del 78,99% deseaba que lo hiciera una Convención Constitucional de 155 constituyentes totalmente electos.

Esta Convención Constitucional es un nombre para lo que en otros países se conoce como Asamblea Constituyente, y trae consigo una novedad a nivel internacional, ya que sería la primera vez que un órgano de este tipo es electo sobre bases estrictamente paritarias, por lo que independientemente de los votos obtenidos, existiría un máximo de 78 hombres o mujeres. También se espera que exista una cuota para pueblos indígenas, aunque todavía no ha terminado en el Congreso la tramitación que lo permitiría.   

La participación fue del 50,9 % del padrón electoral, suficiente para su legitimación en condiciones de pandemia y voto voluntario. Incluso había satisfacción en el servicio electoral chileno, ya que el cambio al voto voluntario había llevado a que creciera el número de ciudadanos que no acudían a las urnas.  También hubo buena participación de jóvenes que lo hacían por primera vez.

Es también el punto de partida de una maratón, donde en los próximos dos años, Chile deberá enfrentar 5 elecciones seguidas que podrían ser 7, si es que hay balotaje o segunda vuelta electoral para presidente de la República y gobernadores regionales.

En el segundo semestre del 2022 deberá tener lugar lo que se ha dado en llamar “plebiscito de salida”, es decir lo que técnicamente es un referéndum, ya que se trata de ratificar o rechazar la Constitución que se redacte por parte de la Convención.  

El triunfo de la idea de una nueva Constitución era esperado y la diferencia a su favor fue contundente, imponiéndose en quienes acudieron a votar en las 15 regiones de Chile y en los locales de votación que se instalaron en el extranjero.   

Ahora se espera que se inicien las negociaciones partidistas para ver cuán unitaria puede ser la forma como la enfrenten los bloques políticos. La oposición está dividida por su nivel de moderación en un arco que comienza en el centro y abarca hasta el chavismo. También lo está el oficialismo con una creciente desafección hacia un presidente que los ha desilusionado, ya que de partida todavía no se conocen todos los antecedentes que llevaron en noviembre del año pasado al gobierno a ceder en este proceso, acordando con parte de la oposición el actual itinerario.

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Una serie de protestas llevó a Chile a aprobar una nueva Constitución. (Foto: Flickr)

De hecho, Sebastián Piñera ganó por segunda vez la presidencia el 17 de diciembre de 2017 con un claro 54, 5% superando por nueve puntos a su rival de izquierda y con un programa que rechazaba toda posibilidad de una nueva Constitución y un compromiso con la economía de mercado. Más aún, considerando que en el plebiscito de 1988, Pinochet obtuvo el 44% de los votos, y que en general la fortaleza de la derecha había girado alrededor del tercio del electorado desde el retorno a la democracia. El resultado actual, de poco más de un quinto a favor de la mantención de la Constitución, no se explica sin la división a la mitad del oficialismo, donde la propia presidencia y muchos de los ministros dieron un respaldo a la idea de una nueva Constitución.

El problema de fondo de la Constitución de 1980 es que no se logró la legitimidad en democracia. Nunca su diseño institucional ni el crecimiento económico del país lograron superar la barrera de su origen. Incluso este proceso actual es inédito en cuanto a la participación, ya que todas las constituciones anteriores tampoco fueron especialmente democráticas en su origen, pero lograron legitimarse a través de reformas y del transcurso del tiempo.

Mas aún, ha sido la Constitución más reformada en la historia, al menos en 35 oportunidades. Dos de ellas han sido especialmente significativas: antes de la transición a la democracia y con Pinochet todavía en el poder, en julio de 1989 y antes de la primera elección, se aprobó en referéndum un paquete de 54 normas, que incluían el antiguo artículo octavo, que impedía la participación de fuerzas socialistas o de izquierda.    

En el año 2005, un acuerdo político permitió que el Congreso aprobara una cantidad relevante de modificaciones, lo suficientemente sustantivas como para que desde entonces la Constitución lleve la firma del presidente Lagos y sus ministros, en reemplazo del General Pinochet.

Sin embargo, nada de lo anterior fue suficiente y siempre se mantuvo el cuestionamiento a su origen inicial. Decidido el itinerario para la nueva constitución y como se redactaría, surgen ahora los siguientes temas:

Puntos claves sobre la nueva Constitución
  1. El primero tiene que ver con el rol de la violencia, ya que demasiados actores políticos la han legitimado en la forma que ha estado presente al menos desde el estallido del 18 de octubre del año 2019. La duda que surge es si este tema va a acompañar el nuevo proceso o si todas las fuerzas políticas, o al menos las más relevantes, se manifestarán a favor de un proceso democrático que excluya la violencia, en forma similar a como lo hizo Chile en su exitosa transición y retorno a su tradición democrática en la década de 1990.

  2. En segundo lugar, una vez electos los constituyentes, su primera actividad será la discusión de un reglamento de funcionamiento. Una vez electos los integrantes, se deberá despejar una interrogante sobre la cual hay distintas interpretaciones. Se trata de la idea de la “hoja en blanco”, es decir, que no hay temas que se excluyan de la posibilidad de ser modificados o incorporados. Como existe un acuerdo sobre los dos tercios como elemento superior de aprobación al interior de los constituyentes, la duda es sobre cuán restrictivo puede ser este umbral, y si la discrepancia al interior de la Convención Constitucional significa o no que la norma no aprobada desaparece del todo del texto, bastando una mayoría en el Congreso para que una simple ley reemplace la norma que ha desaparecido. Del mismo modo, si esta hoja en blanco también alcanza a garantías hoy resguardadas y al derecho de propiedad, donde las diferencias son sustanciales.

  3. En abril se eligen quienes van a redactar la constitución. Al respecto, existe la duda de cuan unidos o divididos enfrentan este escenario los actuales bloques políticos. La expresión ciudadana fue de rechazo a la posibilidad que participen los actuales congresistas (el 78,99% prefirió que todos fueron electos), dado el desprestigio de las instituciones políticas y sus actores. Sin embargo, lo más probable es que quienes sean electos sean muy parecidos a quienes están hoy en el Congreso, ya que se aplica el mismo sistema electoral, donde independientes no reciben recursos públicos, deben cumplir los mismos requisitos que para formar un partido, y a diferencia de estos no pueden sumarse los votos ni llegar a alianzas. Por lo tanto, la duda radica en cuán abiertos van a estar los partidos a acoger personas que no sean militantes o si va a ser más de lo mismo, incluyendo el retorno de políticos derrotados en elecciones pasadas.

  4. El escenario de control partidista es ayudado por el hecho que el actual Congreso se mantiene en actividad (incluso conserva sus facultades constitucionales mientras no está aprobada una nueva Carta Magna), por lo que existe la duda de cómo y cuán bien van a convivir Congreso y Convención, a no ser que las mismas fuerzas políticas tengan el control de ambas instituciones.

  5. El resultado electoral no solo define una aprobación del camino hacia una nueva Constitución, sino también la duda, de si las fuerzas de centro derecha se podrán recuperar de aquí a abril como para aspirar a tener una mayor representación en la Convención Constitucional y si van a llegar con la idea de luchar por sus principios tradicionales o se van a sumar a las ideas de sus adversarios políticos.

  6. Y al final, a mi juicio lo más relevante: quienes van a ser electos para redactar la nueva Constitución lo hacen en un ambiente donde culturalmente predominan los derechos sobre los deberes, y sobre todo, la idea que bastaría con incorporar al texto derechos para que estos adquieran materialidad, es decir, basta con señalar -a modo de ejemplo- que se tiene derecho a recibir salud o educación de calidad como también pensiones o vivienda digna, para que independientemente de la riqueza del país o del crecimiento económico exista la obligación de recibir lo que se cree merecer. El problema es que lo anterior puede no ser posible, con lo que la frustración de estas expectativas puede terminar conduciendo -tal como ha ocurrido en otros países- a una crisis tal que termine afectando a la propia democracia.

Ricardo Israel Z es abogado, cientista y ex candidato presidencial de Chile.

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