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El pasado 26 de enero, en la ciudad de Heredia, Costa Rica, un niño fue internado en el Hospital San Vicente de Paul por un problema respiratorio y, sin el consentimiento de sus padres, uno de los médicos de la institución decidió que se le vacune contra el COVID-19.
Esto desencadenó una fuerte polémica en Costa Rica, que involucró a políticos locales y otros padres que no están de acuerdo con la vacunación obligatoria para los niños, aprobada en el país centroamericano en noviembre de 2021. Otros padres preocupados irrumpieron violentamente en el centro hospitalario donde estaba el niño internado, poniendo en riesgo al personal y pacientes, según la versión oficial de las autoridades sanitarias.
“La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunciará ante el Ministerio Público a las personas que esta tarde violentaron las instalaciones del hospital San Vicente de Paul, en Heredia, golpeando a funcionarios del establecimiento y obligando a la suspensión de la consulta externa y otros servicios”, se lee en el comunicado la agencia de sanidad gubernamental tica.
La prensa internacional, amparándose en la versión oficial de la CCSS, cubrió el hecho tildando a los padres de “grupo antivacunas”.
Los Angeles Times, la Deutsche Welle alemana, la agencia EFE y la agencia RT fueron algunos de los medios más importantes nacionales e internacionales que cubrieron el caso.
“Un grupo antivacunas del covid-19 entró por la fuerza en un hospital de Costa Rica para supuestamente sacar a un niño de seis años que se encontraba ingresado. En el incidente agredieron a oficiales de seguridad, pacientes y personal médico”, así describió RT el caso.
Hasta siete personas fueron detenidas por los enfrentamientos.
¿Qué pasó realmente en Costa Rica?
Según la versión de la CCSS, además del problema respiratorio que presentó el niño, “se detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociado a la negativa de los padres a vacunar al niño, derivó a solicitar el criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia”.
“El egreso del menor se dará una vez los servicios de pediatría y de trabajo social de hospital lo autoricen”, explicaron en el comunicado donde no se especifica cual fue la situación que generó el llamado a servicios sociales.
Lo que tampoco explica correctamente la versión oficial, al menos según arguye la contraparte, es que el hospital atendió antes de los enfrentamientos al padre del niño y a “un asesor legal” que lo acompañaba. Este “asesor legal” habría sido expulsado de la reunión que tenía con la directora del hospital, provocando la indignación de los padres que no están de acuerdo con las leyes sanitarias actuales que afectan la patria potestad de los padres.
La diputada costarricense, Shirley Díez, una independiente que se opone a la vacunación obligatoria, estuvo presente en el Hospital San Vicente acompañando al padre del niño y otros representantes. Ella dio la otra versión de la historia que no fue expuesta en los medios de comunicación internacionales.
“En mi condición de diputada de la República, y ante la solicitud de varios padres de familia, incluido el padre afectado en el hospital de Heredia, tuve que ir al hospital a hablar con la directora; puesto que me siento sumamente preocupada por la patria potestad de los niños costarricenses”, dijo la diputada Díez en un vídeo publicado en su página de Facebook. “No me parece correcto la forma en la que se está dando el manejo hospitalario del tema de la vacunación obligatoria a los menores y como esto ha venido en detrimento de la patria potestad”.
Según Díez, la reunión con la directora del centro hospitalario marchaba bien hasta que “llevamos al padre para que se reuniera con la trabajadora social y con su abogada, doña Sonia Sandí. Salimos del centro hospitalario y le dimos respuesta a las preguntas que tenía un grupo de padres que estaban esperando afuera del hospital. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que doña Sonia estaba siendo sacada por la seguridad del hospital de la reunión en la que estaba con la trabajadora social. Y por esa razón los padres se sintieron sumamente ofendidos y reaccionaron de la forma que reaccionaron”.
La diputada Díez dijo que le preocuparon tanto los actos de violencia como el hecho de que el hospital expulsó al padre del menor internado sin su consentimiento.
El caso ha provocado un fuerte debate en redes, entre quiénes apoyan la vacunación obligatoria y llaman a los padres antivacunas y violentos, y quiénes no están de acuerdo con que el Estado pase por encima de la patria potestad de los padres y obligue a los niños a vacunarse.
Sin embargo, hay muchos detalles del caso que no han sido esclarecidos ni por la versión oficial, ni la versión paternal. Por ejemplo: ¿por qué servicios sociales fueron llamados para interceder en el caso?, ¿por qué la abogada Sandí fue expulsada de la reunión con la directora?, ¿por qué un médico ordenó la vacunación al niño internado siendo que este presentó un posible síntoma de COVID-19 y no es recomendable vacunarse en esa condición?
Un portavoz de la CCSS respondió la solicitud de comentarios de El American para aclarar los detalles sobre el caso. La respuesta se limitó a remitir la versión oficial de la CCSS, incluyendo un vídeo de la directora del hospital de Heredia donde no se aclara qué pasó en la reunión con la abogada Sandí.
El American contactó a la diputada Díez para obtener más detalles sobre su versión de la historia, pero no respondió la solicitud de comentarios al momento de publicar este artículo.
El momento en el que se produce esta polémica en Costa Rica coincide, además, con la decisión de las autoridades sanitarias de países nórdicos —Suecia y Noruega específicamente— de no recomendar la vacunación contra el COVID-19 para niños entre 5-12 años porque los “beneficios no superan los riesgos”.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
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