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Hace unos meses estuve en Cancún, el estado de Quintana Roo, México, y un detalle me sorprendió. Estaba en una discoteca y alguien me ofreció droga. Le dije que no, pero le pregunté que cómo hacían para venderla sin problema en la discoteca. El hombre me respondió que era un acuerdo entre las bandas y los clubes nocturnos.
Luego, una amiga que vive en Cancún me explicó: el narcotráfico permeó absolutamente todo en el barrio turístico. La fila de locales que bordea la calle principal de la Zona Hotelera no escapa de la voluntad de los capos del lugar. Todo club nocturno, todo restaurante, debe pagar su cuota a la mafia, para poder existir, gozar de protección y, obligatoriamente, permitir la venta de drogas.
No sé si llega a ser realmente así, pero me lo imagino de esta manera (según me explicaron): el Hard Rock Café paga su cuota. El hotel RIU, paga su cuota. Si usted quiere montar su restaurante en Cancún, debe considerar, entre el presupuesto, el bono para las mafias. Es un impuesto obligatorio que cuenta con el aval del Estado y la connivencia tácita de los propietarios.
Lo más aterrador es que esto es una verdad sobreentendida, que no se discute ni se publica. Ningún periodista local puede profundizar al respecto, porque sería una sentencia de muerte. Hay límites que la prensa no puede cruzar. Y en México, son demasiados. Cruzarlos, implica jugar con la vida. En la mayoría de los casos, no termina bien.
En ese viaje a Cancún, hablé largamente con una gran amiga, periodista. No diré su nombre para cuidarla, pero entre lo mucho que hablamos, me dijo: “A veces me gustaría dar mi opinión. Hablar sobre un tema que ves, que sabes que no está bien, que todos saben que no está bien, pero nadie lo dice. Pero al final, prefiero no escribir ni decir nada. ¿Sabes? Yo no soy una persona super reconocida ni soy famosa. A uno lo silencian rápido”.
Es la inevitabilidad de la autocensura. Todos saben qué pasa si dices algo sobre alguien, por lo que mejor no decirlo. Voluntariamente, los periodistas independientes, en ascenso, evitan sus propios impulsos, para no arriesgar su vida. Se silencian, neutralizan su esencia y, al final, reprimen su propio oficio. El motivo es loable, claro, es su vida; pero la realidad es muy alarmante.
“Si eres un periodista que le encanta indagar, que no le da miedo publicar algo y buscas la verdad, es peligroso. Probablemente terminarás muerto o exiliado”, me dijo mi amiga.
No se trata de adentrarse en un tema en particular. En México todo está conectado. Principalmente la política y el narcotráfico, pero nadie escapa de los riesgos. Incluso cubrir farándula es arriesgado, en un país tan permeado por el crimen organizado. En su último libro, la periodista Anabel Hernández reveló las relaciones entre las celebridades y los grandes capos de la mafia. Modelos, actrices y cantantes, que tuvieron una amistad o un amorío con algún narco. Anabel Hernández, por supuesto, está en el exilio.
“A mí no me gusta quedarme callada. Es difícil y muy frustrante, porque sé que hay temas que no debería tocar jamás. Hoy no están dadas las condiciones para crecer siendo periodista”, agregó mi amiga, quien trabaja en un medio local de Cancún, una de las ciudades más peligrosas para ejercer el periodismo. De hecho, hace unos días intentaron asesinar en la muy turística Isla Mujeres al periodista Nezahualcóyotl Cordero. Afortunadamente, a uno de los sicarios se le trabó el arma. No pudo matarlo y Cordero aún puede contarlo, fuera de la ciudad y protegido.
Abrazos, no balazos
México no es un país en guerra, pero sí es uno de los más violentos del mundo. Y para los periodistas es el país más hostil, seguido por India, Afganistán y Pakistán, según el Comittee to Protect Journalists. Desde el año 2000, 149 periodistas han sido asesinados en México. Desde 2018, cuando llegó el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador al poder, 29.
A propósito de la violencia, López Obrador alzó una campaña que busca, en vez de enfrentar a las bandas armadas, razonar con ellas. Quizá el momento cumbre y más simbólico de su política frente al crimen fue cuando en octubre de 2019 Ovidio Guzmán López —el hijo del Chapo Guzmán, el narcotraficante más peligroso de México, hoy preso en Estados Unidos—, fue arrestado por agentes de seguridad en Culiacán, la capital de Sinaloa. Inmediatamente después de su arresto, la organización criminal Cartel de Sinaloa se alzó. Hombres más y mejor armados que la policía, con chalecos antibalas, empezaron a esparcir el fuego por toda la ciudad. Exigían la liberación de Ovidio Guzmán. Luego de varias horas de asedio, el Estado cedió.
El presidente López Obrador defendió su decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán. Igual el alcalde de Culiacán, Gustavo Mendoza. El argumento fue que el Estado evitaba un baño de sangre. Desde entonces, la voluntad del Gobierno no ha sido la de enfrentar a los grupos criminales, sino proponerles su pacificación. Pero la política se queda en eso: propuestas. Pura retórica.
En julio de 2021, en una de sus recurrentes y muy tediosas alocuciones matutinas, López Obrador se refirió al aumento de la violencia en México. Sus palabras se limitaron a frases empalagosas, lugares comunes y palabras etéreas.
“Llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo. Dejemos a un lado el odio, el rencor. No nos hagamos daño. No a la violencia, sí a la paz. Al diálogo. No se dejen manipular”, dijo López Obrador el 6 de julio del año pasado ante una pregunta de una periodista sobre la violencia en la población de Aguililla, Michoacán.
“¡Se los pide el presidente de México!”, agregó López Obrador, en un gesto de puro voluntarismo mágico, como si eso fuera suficiente. “Nosotros no queremos que nadie pierda la vida. No quiero que nadie pierda la vida, ni los que están en las bandas delictivas. No estoy de acuerdo con la vía violenta. Soy pacifista”.
“Y, aunque se burlen… Seguiré diciendo: ¡abrazos, no balazos!”.
Ese es el slogan con el que Andrés Manuel López Obrador ha impulsado su política de entendimiento y pacificación de México. Lleva años en eso, pero no le ha funcionado. Las cosas no han mejorado en México. De hecho, han empeorado.
Matan periodistas como chinches
El 2022 empezó violento para México. La sangre de cuatro periodistas marca una nueva ola de violencia contra la prensa. El último caso fue el de Roberto Toledo, asesinado en Michoacán por tres hombres que lo esperaban afuera de su oficina.
En un artículo para Reforma, el periodista Jorge Ramos escribe: “La sangre todavía estaba chorreada en el piso. No les había dado tiempo de limpiarla cuando tomaron la fotografía del lugar donde fue asesinado el reportero Roberto Toledo. Los primeros reportes indican que tres individuos le dispararon a quemarropa en la cochera de su oficina en Zitácuaro, Michoacán, junto a una camioneta blanca”.
Toledo es el cuarto periodista asesinado en enero. Una semana antes, en Tijuana, Baja California, la policía encontró el cadáver de Lourdes Maldonado, con varios tiros en el rostro. Hace tres años, en una de las conferencias de prensa de López Obrador, la periodista Maldonado le había dicho al presidente: “Vengo aquí a pedirle apoyo y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”. El Estado no pudo protegerla.
Antes de Maldonado, fue asesinado Margarito Martínez, periodista del semanario Zeta y colaborador de la cadena británica BBC. Le dispararon varias veces en la puerta de su casa en Tijuana. Y, unos días antes, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz, el director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado.
El 2021 tan solo lleva un mes y diez días y cuatro periodistas han sido asesinados. Abultan la escandalosa cifra de ataques contra la prensa, que ya va en decenas en los últimos años. Al respecto, López Obrador prometió justicia. Pero sus palabras se diluyen ante las experiencias previas. Todos saben que si matas a un periodista, nadie te agarra. 9 de cada 10 crímenes contra la prensa quedan impunes, de acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Prensa.
Desde 2010, cuando el Estado se comprometió en resolver los asesinatos de periodistas, ha habido 94. De esos delitos, solo ha habido seis sentencias de homicidio. Reina al final la impunidad. Matan periodistas como chinches, y no pasa nada. Abrazos, no balazos.
“Históricamente ejercer el periodismo en México ha sido muy riesgoso y con muy pocas libertades. El poder ha sabido mantener limitado el ejercicio del periodismo”, me dijo el periodista Juan Pablo de Leo Spínola, socio director del medio Político MX.
“El Gobierno de López Obrador ha seguido la línea populista de los Gobiernos anteriores. Ha atacado la prensa. Pero lo de los últimos años nunca lo habíamos visto. Nunca se había visto a un presidente, con un ataque a la prensa, desde el púlpito, todos los días, con el presupuesto del poder”, agregó.
¿Hacia dónde voltear?
El Estado no te protege. Al revés, es el enemigo. “Y eso tiene que ver con que la política está muy ligada al narcotráfico. El riesgo viene de ahí. Cuando uno investiga y se da cuenta de que cierto candidato o funcionario público tiene cierto pacto con algún mafioso, hasta ahí llega la investigación. El Estado y los grupos criminales se encargan de pararte”, aseveró mi amiga periodista.
“Puede que a veces no haya una reacción explícita por parte del Gobierno en contra de un periodista, como por ejemplo ocurriría en Venezuela, donde simplemente te meten preso. En México no. Aquí el narcotráfico hace el trabajo sucio del político”, dijo.
“Estamos de brazos cruzados. Queremos hablar, gritar, pero no podemos. Gritamos en silencio, tratando de hacer lo que está a nuestro alcance”.
Esta semana, los senadores americanos Marco Rubio, republicano, y Tim Kaine, demócrata, enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para exigirle que presione al Gobierno de México a favor de proteger a los periodistas.
“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por los continuos asesinatos de periodistas en México y para buscar una mayor compresión de los esfuerzos de Estados Unidos en apoyo a la libertad de prensa en el país”, se lee en la carta.
“Estados Unidos debe instar al Gobierno mexicano a mejorar seriamente los esfuerzos para proteger a periodistas”, escribieron este 8 de febrero.
La carta es una reacción a los nueve periodistas asesinados en México durante el 2021, más los cuatro que ya van del 2022. Pero, sobre todo, es una reacción a la inercia de López Obrador, quien ha permitido el desarrollo campante del crimen organizado en el país.
“La violencia de años contra los periodistas en México no puede empezar a disminuir mientras el líder del país siga normalizando la hostilidad hacia la libertad de expresión”, dicen los senadores.
“Solicitamos que el Departamento de Estado proporciones información detallada sobre qué medidas específicas tomará la agencia para garantizar que haya responsabilidad por los recientes asesinatos de periodistas, y para abordar mejor la crisis de la libertad de expresión en México”, agregan Rubio y Kaine.
Ante la realidad desesperante y estéril en México, muchos tienen que ver ante la comunidad internacional, esperando que las denuncias si encuentren eco en el mundo, como han hecho los dos senadores americanos.
Juan Pablo Leo de Spínola me dijo al respecto: “México no es un país fácil de entender. No es fácil en lo social, en lo económico, en lo político o lo laboral. Hay un excepcionalismo que corre en las venas de la sociedad mexicana en muchos sentidos. Quizá no se entiende muy bien por qué la libertad de expresión se ve atacada en México, pero creo que sí existe la conciencia internacional. Ahí están los índices que nos ponen entre los países más peligrosos para la prensa”.
“En México muchas veces es más fácil callar, que publicar. Hay un dicho en la prensa mexicana que dice que un periodista no vale por lo que dice sino por lo que calla”, asevera de Spínola.
Él desconfía de la capacidad del Gobierno mexicano de proteger a los periodistas. “Cuando un periodista es amenazado y los grupos de interés quieren acabar con esas voces, lo pueden hacer sin ningún problema. Hay muchos casos de periodistas que, antes de asesinados, fueron amenazados. Y nadie los protegió”.
El socio director de Político MX dice que “no existe un verdadero Estado de derecho en México, para que podamos confiar en la justicia o en las leyes”.
“Como periodista muchas veces volteas a ver a todas partes, a ver quién te puede defender o cuidar y no hay nadie. Al final, depende de uno mismo. De la capacidad de cada periodista de censurarse, de quedarse callado. Solo eso te protege. La impunidad en México es absoluta prácticamente en todos los casos”.
Al final, dice Juan Pablo Leo de Spínola, no sirve mucho la comunidad internacional cuando la misma presidencia es hostil con la prensa.
“Hay poco que se pueda hacer. Todos somos conscientes del peligro que corremos, pero no hay hacia dónde voltear”, dice.
Orlando Avendaño is the co-editor-in-chief of El American. He is a Venezuelan journalist and has studies in the History of Venezuela. He is the author of the book Days of submission // Orlando Avendaño es el co-editor en Jefe de El American. Es periodista venezolano y cuenta con estudios en Historia de Venezuela. Es autor del libro Días de sumisión.