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El gobierno cumplió así con el plazo que tenía hasta hoy de enviar dicho documento al juez Bruce Reinhart, que lo analizará como parte de una moción interpuesta por los principales medios de Estados Unidos que piden su divulgación.
Trump se habría llevado de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, documentos clasificados, que según el diario The New York Times, suman más de 300.
El juez Reinhart ha dicho que revisará el documento editado por la Fiscalía y verá si es necesaria alguna otra edición de su parte y además si valdría la pena publicarlo, al señalar que si es mucho lo que se oculta no va a ofrecer a la prensa “sustancia” de la causa.
En ese sentido, el magistrado no ha decidido por tanto si publicará o no la “declaración jurada” que justificó el registró del pasado 8 de agosto.
Mientras, Trump ha pedido en otra demanda una supervisión de un perito independiente en torno al registro, un recibo más detallado de lo decomisado durante el cateo, que considera “ilegal”, y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.
El juez Reinhart, en el caso con los medios de comunicación, ha dicho que el Gobierno ha demostrado una buena causa/un interés apremiante que anula cualquier interés público en abrir el contenido completo de la Declaración Jurada.
También ha dicho que revisó cuidadosamente la declaración jurada antes de firmar la orden de registro que autorizó al FBI el cateo a la residencia de Trump Mar-a-Lago.
