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El gobierno consensuado es una pequeña partícula en la gran masa de la historia humana. La soberanía popular en una república constitucional está supeditada a un conjunto de condiciones previas. Entre los prerrequisitos están las libertades de expresión, de reunión, de prensa (y de los medios de comunicación social), los controles y equilibrios sistémicos, las elecciones justas, libres y periódicas, y una sociedad civil vibrante. La legitimidad del modelo democrático depende de que la ciudadanía crea en el sistema. La nueva y exhaustiva ley de integridad electoral de Florida es un estándar de oro para Estados Unidos.
El principal problema para el autogobierno es cuando el sistema electoral se corrompe con trampas que ponen en duda la autenticidad de la voluntad popular. En otras palabras, cuando se producen trampas en el recuento de votos o políticas electorales que favorecen a un bando sobre el otro, se duda de la validez del sistema.
Las presidenciales de 2020 estuvieron plagadas de irregularidades, que incluyeron procedimientos cuestionables de voto por correo, una dislocación constitucional de la manipulación de la ley electoral, así como un esfuerzo coordinado y multifacético por parte de entidades privadas como las grandes tecnológicas, los medios de comunicación dominantes y personalidades de alto nivel. Todos actuaron con la intención expresa de derrotar al candidato republicano.
Numerosas encuestas han concluido que cerca de la mitad de Estados Unidos cree que las elecciones de 2020 fueron amañadas. Una de estas encuestas, la de Politico/Morning Consult, por ejemplo, determinó que, tras las elecciones, el 70 % de los republicanos no las consideraban ni libres ni justas. El éxito del modo de gobierno democrático no puede perdurar mucho tiempo sin mantener un amplio apoyo del pueblo. Cuando una proporción tan alta de la población votante no confía en la autenticidad del proceso electoral, la legitimidad del sistema está en peligro. Por ello, es fundamental contar con salvaguardas sistémicas que garanticen la probidad del modelo electoral.
El lunes 25 de abril, el gobernador DeSantis firmó la ley de Florida, SB 524. Esta legislación de la administración aborda la mayoría de las áreas potenciales de deshonestidad en el voto. Los críticos, compuestos principalmente por aquellos que aplaudieron o fueron proactivos en la implementación de los desacreditados chanchullos electorales de 2020, están etiquetando la SB 524 como una medida “policial” o “anti-elector”. La integridad electoral integral de Florida no restringe el derecho al voto. Ni mucho menos. Lo que sí hace es dificultar la comisión de fraudes electorales. Además, restringiría las actividades “legales” que socavan las leyes electorales federales.
Las listas de votantes sucias son un problema importante. Cuando las personas mueren, se mudan fuera de una jurisdicción de votación, o se vuelven inelegibles para votar por cualquier otra razón, a menudo sus nombres permanecen en las listas de votación durante años. Esto se presta a posibles abusos y fraudes. La solicitud de votos por correo debe contener las garantías de que la persona que solicita las papeletas es quien dice ser. La verificación de la identidad es primordial para mantener el sistema lo más limpio posible.
El abuso de la recogida de boletas es tan antiguo como la corrupción. Esta actividad engendra búsquedas fraudulentas y debe ser atajada. Los “buzones” no seguros son una invitación a la manipulación del voto y a la violación de la privacidad. Por último, el uso de fondos privados en las elecciones públicas que acaban beneficiando a unos candidatos o a un partido concreto en detrimento de otros, viola la cláusula de protección equitativa de la Constitución y evade las limitaciones de financiación de las campañas electorales federales.
La ley de administración electoral de Florida aborda todas las áreas mencionadas de posibles trampas electorales y vulnerabilidades del sistema. El SB 524 dota al Departamento de Estado (DOS) de los recursos necesarios para centrarse en dar prioridad a la pureza electoral como política oficial del estado de Florida. Una Oficina de Delitos Electorales y Seguridad trabajaría bajo los auspicios del DOS. Estará facultada para recibir información sobre las reclamaciones de fraude electoral e investigar los casos corroborados con las fuerzas del orden, así como para hacer cumplir las amplias medidas de integridad de la ley.
Los procedimientos de protección electoral del Estado del Sol incluyen el requisito de que los supervisores electorales eliminen anualmente a los votantes inelegibles del censo electoral. El Departamento de Defensa tendría instrucciones de reforzar los requisitos de identificación para las solicitudes de voto por correo, además de la verificación de firmas para todos los votantes. Se aumentarían las sanciones penales por la recolección de papeletas, una práctica abusiva que explota a los ciudadanos vulnerables. El SB 524 también prohibiría a los supervisores electorales aceptar “Zuckerbucks”, u otras formas de dinero oscuro, que contaminan las elecciones públicas.
Una república depende de que un pueblo libre exprese su voluntad en las urnas. Tanto si se hace votando en persona el día de las elecciones como si se hace antes en la votación anticipada, por correo u otros métodos de ausencia, los gobernados tienen derecho a un sistema electoral fiable. No se trata de una cuestión partidista. Unas elecciones justas y libres son intrínsecamente fundamentales para la viabilidad de una democracia. Las leyes de integridad y transparencia del voto luchan por evitar que una república muera. Florida está, de nuevo, marcando la pauta.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.