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Ni Trump ni los congresistas: es la sociedad americana la que exige explicaciones

Condenar o no la violencia, dependiendo de la ideología de quien la cometa, constituye un ataque peligroso contra la democracia y la Constitución

El asalto perpetrado por grupos radicales a la sede del Congreso de Estados Unidos el pasado miércoles, en medio de una sesión conjunta de ambas cámaras para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, constituye un serio atentado contra la sociedad civil y una criminal violación del Estado y de las normas constitucionales, aprobadas en 1787.

Poniéndolo en contexto, este golpe —más propio de una república bananera que del país que durante los dos últimos siglos mejor ha representado ante el mundo las instituciones que defienden la libertad—, ilustra en buena medida la crispada realidad política nacional y lo sitúa en su adecuada perspectiva.

Todos aquellos políticos, medios de comunicación y sectores influyentes que en los últimos años han actuado como aprendices de brujo conspirando a través del juego sucio contra el orden constitucional para promover sus intereses, tendrán a partir de ahora que ofrecer explicaciones sobre sus torticeras maniobras para dividir el país y dañar la credibilidad de las instituciones fundamentales de la democracia americana.

Sería ingenuo pensar que lo ocurrido esta semana en el capitolio de Washington es solo consecuencia de las declaraciones públicas formuladas por Donald Trump contra el proceso electoral, soliviantando el ánimo de los sectores conservadores. Pronto ha olvidado la izquierda que organizó recientemente vergonzosos actos de violencia en varias ciudades de Estados Unidos, erosionando las instituciones democráticas y polarizando aún más la sociedad.

Protesta de Black Lives Matter (BLM) en Washington DC, Estados Unidos, el 24 de junio de 2020 (EFE)

Las hemerotecas no mienten. Durante los meses de junio, julio agosto de 2020 se vivieron algunos de los momentos más tensos que se recuerdan en la historia reciente del país. En las protestas de Portland, San Luis, Kenosha, Filadelfia o Nueva York —en las que los líderes de Antifa y Black Lives Matter demostraron haber sido entrenados a conciencia en técnicas de guerrilla urbana— se cruzó la frontera entre la desobediencia civil y la radicalidad envenenada por el odio.

Pero con los actos violentos, el Partido Demócrata quiere patente de corso. De manera que para Biden y Harris aquellos mítines de repudio contra empresarios y representantes públicos no representaba un atropello a las libertades y a los derechos fundamentales. De hecho, los medios de prensa se limitaron a decir que las protestas solo eran manifestaciones de rabia como resultado del racismo sistémico.

Las actitudes tendenciosas y selectivas son incompatibles con los principios del Estado de derecho. Condenar o no la violencia, dependiendo de la ideología de quien la cometa, constituye un ataque peligroso contra la democracia y la Constitución.

El derecho a manifestarse es de todos

¿Todos tenemos derecho a manifestarnos? Desde luego que sí. Lo recoge la Primera Enmienda.  Ahora bien, que desde los partidos políticos se alienten protestas masivas para fomentar sentimientos de odio racial y ataques contra las instituciones democráticas, no parece lo más responsable para garantizar la convivencia y el respeto a la libertad.

Quien suscribe estas líneas no defiende ni justifica ningún acto de violencia que vaya en contra del orden constitucional. Pero la ideologización de una estrategia que incita al odio de razas está permitiendo un aumento preocupante en Estados Unidos del socialismo rencoroso y antisistema.

Precisamente, algunos líderes de los grupos de extrema izquierda han reivindicado sus acciones diciendo que no se puede comparar la supuesta “defensa de la democracia” que ellos revindicaron durante las protestas raciales, con el intento de acabar con los valores democráticos por parte de los asaltantes al Capitolio.  Como si el nivel de legitimidad a la hora de asaltar o coaccionar a las instituciones estuviese validado según la ideología que se defiende.

Frente a los intentos de criminalización de cualquier protesta, y también de los de todos los ciudadanos de bien —no extremistas— que se concentraron frente al Capitolio para reclamar sus derechos ultrajados, hay que defender la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a manifestarse, incluso de forma directa sobre los representantes públicos, siempre que sea en un espacio y una actividad también públicos y mientras no se participe en agresiones y vandalismo.

Es lo que tiene la naturaleza pendular de la democracia: que la ciudadanía, insatisfecha por la gestión de los servidores públicos, puede ejercer este derecho en cualquier lugar y en cualquier momento siempre que se avise a la autoridad y no se pongan en juego las libertades y los derechos de los demás.

Sin embargo, la izquierda utiliza una doble vara de medir a la hora de valorar los actos de protesta. De manera que cuando una manifestación es protagonizada por los sectores que presumen defender la justicia social es sinónimo de libertad de expresión, pero cuando la llevan a cabo los sectores conservadores son actos irresponsables propios de un fascismo contrario a las libertades.

Pescar en río revuelto

Los ideólogos y autores materiales de este período de inestabilidad en la que está sumida la política y la vida social americana habrán tenido la ocasión de comprobar cómo un intento de golpe antidemocrático acaecido en el templo de la democracia americana es la consecuencia a la que ha llevado el clima de crispación que -desde hace algunas décadas- ha marcado el paisaje político de Estados Unidos.

¿Qué puede haber sucedido para que la sociedad americana llegue a este punto en el que la realidad es interpretada de una manera por una parte de la población y de forma absolutamente contraria por la otra?

Si bien es verdad que el presidente y su círculo más cercano no han sido pródigos en aciertos dialécticos, incluso algunos de las descalificaciones utilizadas por el magnate neoyorquino rozan la consideración de ataque a los mismos principios del sistema democrático, la insidiosa campaña de tierra quemada que se ha llevado a cabo en su contra —rayana en el insulto, la descalificación, la manipulación y muchas veces en la calumnia— no tiene precedentes.

Desde que Donald Trump fue elegido democráticamente en las urnas, el Partido Demócrata con el apoyo de los círculos de poder mediático se han encargado de generar un estado de opinión marcado por la violencia y la radicalidad verbal sin matices contra todo aquel que contradiga su narrativa ideológica.

De hecho, líderes de la extrema izquierda como Ocasio Cortez se han pronunciado en términos despectivos hacia los seguidores de Trump, que son ni más ni menos la otra mitad de Estados Unidos. Es la vieja táctica del populismo de corte estalinista: agitar y, a continuación, pescar en río revuelto. Por eso, su racismo dialéctico y sectario resulta tan inadmisible como el odio político.

Y lo peor es que el Partido Demócrata, agrupación histórica de la democracia americana, en lugar de distanciarse de esta estrategia de odio atávico, se empeña carnicera y combativamente en utilizar sus mismos argumentos.

En honor a la verdad, ni las propuestas “progresistas” del Partido Demócrata han demostrado ninguna superioridad moral ni política frente a la gestión llevada a cabo por el Partido Republicano en los últimos años, ni la administración de Trump ha supuesto un ejercicio de administración totalitaria —como así lo quieren hacer ver los numerosos medios de comunicación— para el libre desenvolvimiento de las libertades democráticas.

Pero al final la manipulación termina pasando factura. Primero fue el circo de la trama rusa. Luego el proceso del impeachment. Más tarde las burdas manipulaciones en la gestión del coronavirus y, por último, un proceso electoral cuyas normas fueron alteradas en algunos estados gobernados por demócratas, quienes utilizaron como pretexto la crisis de la pandemia para establecer atajos jurídicos que evitaran los informes de los órganos consultivos y propiciaran las irregularidades.

El establishment responsable del linchamiento de Donald Trump ha cargado sus tintas torticeramente en una sola dirección, y lo ha hecho utilizando juegos políticos cortoplacistas, sin importarles el daño que puede causar a la legitimidad democrática de este país.

Por eso, la desconfianza de la sociedad civil hacia la clase política, las redes sociales y los medios de comunicación crece de manera exponencial, y su mensaje ha dejado de ser creíble.

La sociedad exige explicaciones

Algo falla en nuestra democracia cuando la izquierda usa el ensañamiento ideológico en la dinámica para gobernar un país, y agita la convulsión social para pervertir los valores democráticos.

No satisfechos con su cruzada de linchamiento, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, junto con su colega en el Senado Chuck Schumer, le han pedido al vicepresidente Mike Pence aplicar la enmienda 25 para iniciar un nuevo juicio político y remover a Trump de su cargo. La obsesión del Partido Demócrata por linchar a sus rivales políticos es muy indicativa de su talante facineroso.

Una vez más el espíritu de concordia que avala la Constitución se ve amenazado por esta actitud revanchista que emite a diarios mensaje hipócritas sobre su disposición de servir al interés general.

Quienes siempre hemos estado contra la guerra sucia y también contra la manipulación política y mediática exigimos que se aclaren los hechos que han desencadenado los episodios antidemocráticos del Capitolio, pero también que la Justicia inicie trámites firmes para incoar las diligencias judiciales pertinentes contra la campaña subversiva liderada por los movimientos de la extrema izquierda que han mantenido en jaque la unidad y la seguridad nacional.

Al etiquetar el ataque llevado a cabo por una turba violenta contra los miembros del Congreso como un acto de sedición que responsabiliza únicamente a Donald Trump, la narrativa de los políticos demócratas, alimentada por los medios de prensa, desprecian la opinión de una buena parte del electorado americano que —más allá del presidente de turno— busca las respuestas que las instituciones no le han sabido ofrecer. Un mensaje que no entienden los sectores llamado progresistas, cuya visceralidad les impide aceptar las opiniones opuestas, salvo aquellas que les favorecen.

No sería justo afirmar que lo ocurrido el pasado miércoles en el Capítulo de Washington es consecuencia directa y única de la radicalidad verbal de ningún dirigente concreto, pero sí lo es de la crispación generada por quienes durante mucho tiempo han tratado de quebrantar el orden constitucional para controlar el poder a cualquier precio.

Probablemente para los cientos de miles de manifestantes que acudieron al Congreso, es imprescindible que la casa democrática de todos los americanos los respalde con políticas inequívocas de aplicación de la legalidad constitucional y de la preservación del orden público. Algo con lo que evidentemente en estos momentos no se sienten satisfechos.

La sociedad americana, en un momento de profunda división nacional, tiene derecho a saber lo que ha pasado realmente en este país, sacudido por tanta violencia y por tanta manipulación política contra las libertades esenciales de nuestro Estado de Derecho. La misma convicción democrática que nos ha llevado a celebrar y aceptar el resultado de las últimas elecciones, nos legitima para exigir esas ineludibles explicaciones.

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