En la segunda quincena del pasado mes de mayo, el Partido Comunista chino, a través de la Asociación Nacional de Finanzas en Internet, la Asociación de Banca de China y la Asociación de Pagos y Transparencia de China reiteró, por enésima vez, su veto a las criptodivisas, como ya ocurriera en 2013 y 2017.
Esto propició un nuevo motivo de caída en el precio del Bitcoin (superior a los 50,000 dólares durante los primeros días del quinto mes del año) de la criptodivisa más relevante.
Al mismo tiempo, vimos cómo en junio, la tiranía china ordenaba el cierre inminente de centrales o granjas dedicadas a la minería de Bitcoins. Ejemplos concretos de ello son las provincias de Xinjiang y Qinghai, siguiendo así una orden emitida el 21 de mayo, por el Consejo de Estado.
Ante ello, empezó a sopesarse, como uno puede imaginarse, un éxodo de criptomineros y una de las opciones preferidas fue Kazajistán, donde han migrado ya entidades como INBTC Mining y BIT Mining Limited. Pero también están sobre la mesa territorios como Texas, Florida, Islandia, El Salvador e incluso Rusia, por las producciones de gas.
No obstante, parece que hay que activar y emitir las correspondientes señales de alarma. El que es el país más extenso del mundo, geográficamente hablando, también vecino de China, sopesa amenazas a las criptomonedas que serían el enésimo ataque contra la propiedad privada (en términos de dinero) en el orbe.
Un proyecto de ley que permita confiscar criptodivisas “ilegalmente” obtenidas
Recientemente, el fiscal general del Estado ruso, Igor Krasnov, reveló que se está elaborando una especie de proyecto de ley que suponga una enmienda de las vigentes disposiciones que puedan afectar a la emisión y tenencia de activos monetarios digitales y descentralizados.
Durante un evento organizado en San Petersburgo por el Consejo de Europa, esta autoridad judicial volvió a recurrir al mito de la relación directamente proporcional entre la “ciberdelincuencia” y la eclosión de alternativas a los medios de cambio que son una realidad de la fraudulenta reserva fraccionaria y los problemáticos bancos centrales.
En base a ello, para prevenir lo que considera como “sobornos”, anunció que se estaba preparando un proyecto que permitiría, de aprobarse, la confiscación de criptoactivos obtenidos “ilegalmente” (la legalidad sería lo que dictaminase el Estado ruso.
Eso sí, cabe indicar que dentro de las disposiciones vigentes actualmente figuran la prohibición de posesión de activos por parte de cargos públicos y la sujeción de nuestros conceptos de criptodivisas al sistema tributario ruso (en otras palabras, pagar impuestos por estas posesiones de medios de cambio).
Sin libertad económica no hay libertades concretas posibles
Decía la exprimera ,inistro del Reino Unido, Margaret Thatcher, que no podía haber libertad política a no ser que hubiera libertad económica. Entendiendo la problemática del intervencionismo estatal, no debe de ser difícil abstraer esta paráfrasis que acabamos de hacer. Pero observemos algunas concreciones.
De acuerdo con la edición de 2021 del Índice de Libertad Económica que elabora The Heritage Foundation, los niveles de libertad monetaria tienen una cuota de libertad demasiado moderada, mientras que los marcadores de libertades de inversión y financiera en general son propios de una economía plenamente restringida (30 %).
A la vista de lo anterior, no es de extrañar que no se vea con buenos ojos un medio de cambio que puede suponer un hito en la medida en la que logremos un mayor respeto a la propiedad privada así como el fin del control dinerario y monetario por parte de los estatalistas y burócratas de turno.
Rusia tampoco se libra de la previa histeria de desincentivar el uso de estos medios de cambio. Por ejemplo, recientemente, la gobernadora del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, insistió en que se trataban de “inversiones muy peligrosas”, hablando de “especulación”.
Pero resulta que la oposición política rusa estaría apreciando en medios como el Bitcoin una manera de mantener a salvo sus donaciones y ahorros sin necesidad de tener mayor monitorización por parte del régimen autoritario que está instalado en el Kremlin moscovita. Y también se lo estarían aconsejando a los activistas.
En cualquier caso, no sería de extrañar que el exagente de la KGB soviética Vladimir Putin tenga miedo a un medio de cambio respaldado por una estructura descentralizada (cadenas de bloques) que no solo sortee controles monetarios, sino que puede fomentar también los desafíos a la censura y al poder centralizado, así como más privacidad.
Ángel Manuel García Carmona es ingeniero de software, máster en Big Data Analyst, columnista y tradicionalista libertario // Ángel Manuel García Carmona is a software engineer, master in Big Data Analyst, columnist and libertarian traditionalist.