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La reforma electoral es la siguiente gran apuesta de López Obrador. La presentó ante la Cámara de Diputados el 28 de abril del 2022, apenas unos días después de que su iniciativa en materia energética se estrellara contra el muro opositor, que le recetó al presidente mexicano la primera gran derrota política en lo que va de su administración.
Otro gobernante habría acusado recibo del mensaje opositor y se hubiera guardado nuevas iniciativas de cambios constitucionales, pero Obrador optó por la estrategia contraria: jugarse el prestigio y el poder que le quedan en una apuesta para transformar radicalmente el sistema de gobierno en México.
Si fracasa, perderá liderazgo y margen de maniobra al interior de su propia alianza oficialista, donde las aguas se vuelven cada vez más turbulentas conforme se acerca el momento de definir a su candidato presidencial para las elecciones del 2024.
Si tiene éxito, Obrador podría consolidar su control sobre las instituciones electorales y contar con un sistema a modo para que el régimen que inauguró en 2018 se mantenga a largo plazo, transformando en forma casi irreversible (y a su favor) el juego de incentivos y equilibrios con base en los cuales se “juega” la política en México.
¿Qué propone? Una manzana envenenada
A diferencia de la iniciativa de reforma en materia energética, que era un desastre absoluto y sin redención posible, la reforma electoral mezcla algunas buenas ideas con otras que son francamente venenosas. En términos generales, plantea 4 grandes cambios.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en el “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas” (INEC) y tanto sus consejeros, como los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serían electos por voto popular, a partir de listas con decenas de candidatos, una receta para que el régimen obradorista aproveche sus ventajas en cuanto a movilización, y consiga el control de ambas instituciones, que son la llave de las elecciones.
Se eliminan 200 de los 500 diputados y 32 de los 128 senadores, para dejar las cámaras en 300 y 96 curules, respectivamente, todos ellos electos con base en las listas de candidatos que presenten los partidos, una por cada entidad federativa. Es decir: Ya ningún legislador sería “uninominal” (electo por un distrito específico).
La reducción en el número de legisladores es una treta para incrementar el peso específico de la bancada oficialista, pero el sistema de voto por lista es buena idea. Funciona bastante bien en países como España, Italia, Portugal o Nueva Zelanda, y permitiría dejar atrás la simulación de que los legisladores “representan a su distrito”, cuando en realidad a quien representan es a sus partidos.
En una agresión directa al sistema federal, se centralizan completamente las elecciones, eliminando a los organismos locales que se encargaban de organizarlas y a las leyes locales que las regulaban. Habría un solo instituto y una sola ley electoral. Más aún, el gobierno de Obrador pretende arrebatarles a los estados la capacidad de decidir cuántos diputados tendrán sus congresos locales y cuántos regidores tendrán sus municipios.
El nuevo esquema contempla entre 1 y 9 regidores, dependiendo la población de cada municipio, al igual que un rango de entre 15 y 45 diputados locales, calculados con base en la población del estado y electos con base a listas, al igual que sus homólogos del Congreso de la Unión.
Finalmente, debilita drásticamente a los partidos políticos, porque elimina el financiamiento público para sus “actividades ordinarias” (léase: nómina, renta de edificios, etc.), lo que teóricamente permitiría que los partidos se financien con las donaciones de sus militantes; pero en la práctica significa que el oficialismo tendrá una enorme ventaja para utilizar recursos públicos y disfrazarlos de “donaciones”, mientras que la oposición se quedaría sin oficinas…ni dirigencia.
La reforma electoral, propuesta de un centralismo autoritario
Cuando la analizamos en su conjunto, esta iniciativa de reforma electoral presenta los trazos de un nuevo sistema político, controlado por el régimen de López Obrador. De aplicarse tal cual, la presencia de los partidos políticos se reduciría drásticamente y los gobiernos (especialmente el federal) tendrían mucha mayor influencia sobre los procesos electorales. En pocas palabras, estaríamos de regreso en un sistema de partido dominante, al estilo del viejo PRI antes del proceso de transición democrática.
Por eso es que López Obrador se apuesta por proponer estos cambios, incluso aunque todavía no termina de limpiarse las heridas de su fracaso con la reforma eléctrica: porque la mera discusión de la iniciativa le brinda réditos políticos con su base, y porque si logra obtener al menos una parte de lo que propuso, tendrá el margen de maniobra para garantizar su propia sucesión presidencial quede en manos de un aliado.
¿Qué tanto le urge la reforma a López Obrador?
Mucho, considerando que los propios artículos transitorios de la iniciativa de reforma plantean que en septiembre del 2022 emitiría la convocatoria para las elecciones de los nuevos consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. La reforma tendría que estar aprobada en los próximos cuatro meses y su legislación secundaria debería aprobarse a más tardar a inicios de junio del 2023, ya que el proceso electoral federal inicia en septiembre de ese mismo año.
¿Tendrá éxito?
De entrada se antoja prácticamente imposible, sobre todo en cuanto a la destrucción del INE y su reemplazo por el INEC, que ha recibido el rechazo abierto y absoluto del bloque opositor. La duda es si la oposición logrará apuntarse otra gran victoria y rechazarle de plano su propuesta a López Obrador, o si el presidente logrará negociar una reforma consensuada, que quizá no le brinde todo lo que quiere, pero le otorgue lo suficiente.
Después de todo, si algo nos enseñó el cuento de Blanca Nieves, es que no es necesario comerse toda la manzana envenenada, basta una mordida para caer en una parálisis profunda, y esa parálisis puede durar décadas.
Gerardo Garibay Camarena, is a doctor of law, writer and political analyst with experience in the public and private sectors. His new book is "How to Play Chess Without Craps: A Guide to Reading Politics and Understanding Politicians" // Gerardo Garibay Camarena es doctor en derecho, escritor y analista político con experiencia en el sector público y privado. Su nuevo libro es “Cómo jugar al ajedrez Sin dados: Una guía para leer la política y entender a los políticos”