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Dictadura, El American

Censura se hace ley en dictadura cubana: limitan aún más el acceso a Internet

La nueva ley cubre las espaldas de la dictadura en caso de que Estados Unidos decida llevar a cabo algún tipo de intervención para proveer de Internet a los cubanos en la isla

La dictadura comunista de Cuba hizo público un nuevo decreto-ley que profundiza la censura en redes sociales y limita el uso del Internet en la isla, con el objetivo expreso de “defender” el Estado socialista y “contrarrestar las agresiones” en su contra.

Bajo la excusa del “derecho irrenunciable” del Estado a regular las telecomunicaciones y su rol en la “consolidación de las conquistas del socialismo”, el decreto-ley 35 de la dictadura procura garantizar que el Internet se utilice como “un instrumento para la defensa de la Revolución”, y no como un espacio para la libre expresión de los ciudadanos.

Semanas atrás, luego del estallido social que llevó a la ciudadanía a tomar las calles exigiendo el fin de la dictadura castrista, el heredero de los Castro, Miguel Díaz-Canel, suprimió el libre uso del Internet y las redes sociales en Cuba ante la atenta mirada del mundo.

Pero eso no le fue suficiente. En el nuevo decreto-ley, la dictadura determina y castiga la ‘difusión dañina’, a la que define como “difusión de contenidos que afectan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público y difundan mensajes que hacen apología a la violencia”, así como la difusión de contenido que, según sus propios estándares, divulgue “noticias falsas” que atenten contra el “prestigio del país”.

Tipificación de los incidentes de ciberseguridad y nivel de peligrosidad de nueva ley de telecomunicaciones. (Gaceta Oficial)

La dictadura también define en su nueva ley algunos “incidentes de agresión”, entre los que incluye conceptos como ‘ciberguerra’, ‘ciberterrorismo’ y ‘subversión social’.

En ese sentido, la dictadura define la ciberguerra como “métodos de guerra no convencional y acciones ofensivas de carácter militar empleados para derrocar el Gobierno mediante el uso de las TIC con desarrollo de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas para justificar acciones políticas, económicas, subversivas o de injerencia”.

La definición que da al ciberterrorismo es la de “acciones mediante el uso de las TIC (tecnologías de la información) cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, y obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

La subversión social, según el decreto, es “pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social”.

Los tres conceptos correponden a la categoría de “incidentes de agresión” y representan un “muy alto” nivel de peligrosidad para la dictadura.

Además, la ley define el ‘fraude’ como toda “acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado”, y la ubica en la categoría de “contenido dañino” bajo un muy alto nivel de peligrosidad.

Tipificación de los incidentes de ciberseguridad y nivel de peligrosidad de nueva ley de telecomunicaciones. (Gaceta Oficial)

La nueva ley también establece sanciones y multas a quienes instalen, operen, exploten, mantengan o comercialicen redes de telecomunicaciones sin autorización, así como a quienes importen, comercialicen o transfieran por cualquier medio, instalen o mantengan instalados dispositivos para brindar o recibir servicios de telecomunicaciones. Es decir, la ley somete a castigos a quienes presten servicio de Internet sin autorización de la dictadura.

La dictadura se cubre las espaldas frente a Estados Unidos

Frente a los reclamos del mundo libre y de la comunidad cubano-americana, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una Enmienda que requiere que la administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet a Cuba.

La iniciativa de proveer a Cuba con Internet nació a los pocos días del inicio de las masivas protestas, cuando la isla amaneció sin servicio de internet móvil y contando decenas de detenciones arbitrarias por parte del régimen, y recibió fuerte apoyo bipartidista entre los votantes registrados.

Por otro lado, mucho se ha hablado sobre las opciones que tiene Estados Unidos para llevar a cabo la propuesta. El comisionado federal para Comunicaciones, Brendan Carr, dijo en su momento que “no es un problema de tecnología” sino de voluntad política, y explicó que Estados Unidos cuenta con la tecnología para llevar a cabo la medida.

Al respecto, el nuevo decreto cubre las espaldas de la dictadura en caso de que el Gobierno americano decida llevar a cabo algún tipo de intervención para proveer de Internet a los cubanos.

En el artículo 21 de su decreto #42, la nueva ley indica que: “los términos y condiciones de los acuerdos de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones internacionales entre operadores y proveedores públicos nacionales y extranjeros, se establecen mediante acuerdos mutuos entre las entidades que intervienen, de conformidad con la legislación nacional y con los documentos emitidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y suscritos por el Estado cubano”.

De igual forma, el artículo 22 determina que: “las rutas y procedimientos a emplear para el establecimiento y terminación de las comunicaciones internacionales originadas y concluidas en Cuba” deben ser previamente acordadas con las autoridades.

Además, la ley faculta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el brazo armado de la dictadura, a “garantizar la organización del Sistema Único de Comunicaciones en los servicios de telecomunicaciones y el empleo de las tecnologías de la información” según las necesidades del país.

Por supuesto, el nuevo decreto faculta al Ministerio de Comunicaciones para representar al Estado ante los organismos internacionales y en las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios internacionales.

La nueva normativa llega en un momento de fuerte disenso social en Cuba, donde el pasado 11 de julio miles de ciudadanos tomaron las calles para pedir libertad y exigir la renuncia de los dictadores. Las redes sociales fueron clave a la hora de extender las protestas a diversas localidades del país y comunicar al mundo lo que ocurría, por lo que Díaz-Canel tomó la medida extrema de bloquear internet durante aproximadamente una semana.

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